Subsidios teledirigidos
Una denuncia penal salpica al municipio que conduce Miguel Lunghi. El dinero del plan correspondiente a la Ayuda Social Directa, que beneficia a personas indigentes, se utilizó para el pago de trabajos particulares y de empresas privadas que brindaron servicios a la comuna. Una malversación de casi 4 millones de pesos
A fines de 2011, una de las consignas más fuertes implementadas por el Estado Nacional fue la prominente quita de subsidios. En ese momento, una de las premisas que se utilizaba era que los subsidios dejaban de ser para las empresas y pasaban a ser para los usuarios. Sin embargo, parece que en la ciudad de Tandil la medida implementada no se comprendió como se debía y el final se distorsionó.
La eliminación del beneficio se llevó a cabo, pero se produjo un desvío y la donación viró a otros destinatarios que poco tenían que ver con el objetivo primordial: los subsidios que deberían recaer en las manos de indigentes, fueron dirigidos a empresas y a personas que desarrollaban labores para el municipio tandilense. Es decir, el dinero del plan correspondiente a la Ayuda Social Directa, se utilizó para el pago de trabajos exclusivos de la comuna.
El presupuesto para la Ayuda Social Directa para este año arrojó un monto de 7.400.000 pesos, mientras que en 2011, los subsidios para los de menos recursos fueron de $ 5.786.084. Se estima que en 2012, de los 7,4 millones, la mitad fue desviada para el pago de trabajos que poca relación tenían con el fin original.
El trabajo silencioso y sigiloso de un delegado de la ciudad serrana sacó a la luz el entramado oscuro de la secretaría de Desarrollo Social de la comuna presidida por Miguel Lunghi. El irregular accionar de la oficina quedó demostrado en un cuaderno de anotaciones que este hombre, Marcelo Hidalgo, fue redactando durante años. En él se desata toda la trama viciosa que tiene como protagonistas al titular de Desarrollo Social, Oscar Teruggi, y al subsecretario, Rubén Dieguez. Este último era el encargado de firmar y autorizar los subsidios.
Por este motivo ya está abierto un proceso judicial bajo la carátula de Malversación de Caudales Públicos de las partidas presupuestarias municipales, lo que pone de relieve una extensa cadena de cobradores que no tienen ningún tipo de relación con el plan “Ayuda Social Directa”.
El objetivo principal de estos subsidios era la ayuda a personas indigentes o necesitadas que padecen carencias sociales básicas e indispensables. Sin embargo, Dieguez firmaba los cheques sin previo análisis ni estudio de la situación de impacto social.
El delegado Marcelo Hidalgo, en diálogo con Desafío Económico, dijo que “para adquirir un subsidio, primero tenés que pedir una entrevista con la trabajadora social, luego ella tiene que comprobar que realmente sos indigente y para eso es necesario que se acerquen hasta tu propiedad para constatar que lo que vos estás diciendo, es cierto”. Sin embargo, Dieguez firmaba los papales y el subsidio iba teledirigido.
A raíz de esto, desde marzo de 2008 hasta junio de 2011, funcionarios de la administración local de Tandil autorizaban a abonar dinero perteneciente al erario municipal a determinadas personas como contraprestación de la adquisición de bienes y la realización de servicios, el cual estaba destinado por presupuesto al otorgamiento de ayuda social.
Funcionarios a cargo de la secretaría de Desarrollo Social contrataban la realización de determinados trabajos o servicios y adquirían bienes a terceras personas evitando el mecanismo administrativo correspondiente. El subsidio se cobraba en la boca de pago por ventanilla perteneciente a la comuna local, donde funcionaba el Banco Hipotecario.
Para que la situación no sea tan vulgar, el cobro se realizaba de manera fraccionada a través de varias personas de confianza, como la esposa, los hijos, la suegra, hermanos y cualquier tipo de pariente del prestador.
A raíz de que lo subsidios rondaban entre los 600 y 800 pesos, quedaba claro que los funcionarios no podían entregar cheques por un monto de $ 5.000, entonces llamaban a todos los familiares de la persona que realizaba el servicio y problema solucionado. “De tal manera, para que una persona sola no cobrara un monto abultado y dudoso de una sola vez, se dividía ese número en varias partes, y se citaba a cobrar a todos los familiares de la persona beneficiaria”, le subrayó a Desafío el concejal del Frente para la Victoria, Eduardo Ferrer.