30 de agosto de 2012
EN LA PROVINCIA
Otro negocio que pierde Boldt
El gobierno provincial no le renovó la concesión del procesamiento de fotomultas a la empresa de Tabanelli y decidió hacerse cargo del servicio. La firma anti K se quedará, además, sin el control online del juego
De forma pausada, el grupo Boldt comienza a hacer las maletas para iniciar el proceso de retirada de la Provincia. La decisión del gobierno bonaerense está tomada, y se enmarca en líneas concretas dibujadas por el cristinismo.
La empresa de Antonio Tabanelli espera retener, hasta donde pueda, la concesión de los bingos y casinos que todavía regentea en el territorio, y que le significa un promedio anual de ingresos que casi roza los dos mil millones de pesos.
Pero el control online de las apuestas de las 3.700 terminales de quiniela y las máquinas tragamonedas que funcionan en catorce bingos provinciales ya no serán de su posesión.
A partir de diciembre se espera que el gobierno se haga cargo de esa actividad, que le significaba a Boldt, a través de su subsidiaria Gaming, un monto fijo de 360 millones de pesos por año.
Antes de que esto se concrete, Boldt ya debió abandonar la prestación del servicio de procesamiento de infracciones en la Provincia, un negocio que le significaba un monto estable de tres millones de pesos mensuales, que, de acuerdo a la temporada, se podía incrementar según la variable de recaudación por multas.
Si bien la cifra no devastará las arcas del empresario argentino, significa una movida poco conveniente, ya que Tabanelli tiene hoy el control total del servicio en la Ciudad de Buenos Aires, donde los ingresos son más suculentos, por el alto nivel de control del trásito.
En 2009 ganó la concesión a través de la UTE conformada con otras firmas, y en junio pasado compró a Octomind (el socio que quedaba) el 50 por ciento del negocio.
Este dominio en el territorio porteño hace más amarga la salida de la Provincia. De todas maneras, lo que preocupa a Tabanelli no es tanto el servicio informático y de impresión de las fotomultas, sino el avance político que el kirchnerismo quiere hacer en el tema del juego.
Una pelea a la que Scioli se ha sumado, como aliado obligado del Gobierno nacional, debido a sus intenciones presidenciales.
El 31 de diciembre venció la concesión del servicio de procesamiento de infracciones, que prestaba Boldt. El gobierno provincial decidió no llamar a licitación, ni renovarle el contrato.
“Nos hacemos cargo nosotros”, dijeron en el Ejecutivo, y aprovecharon el software existente, que por ley corresponde al Estado provincial. El proceso demandó unos meses de transición, pero ya está funcionando en manos del gobierno.
Depende de la Subsecretaría de Coordinación Administrativa, aunque la responsabilidad inmediata está a cargo de la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial.
Si bien la versión oficial fue que “el gobierno está en condiciones de hacerse cargo del servicio”, en reserva, desde sectores más cercanos al Gobernador admiten que renovar el contrato a Boldt, o aprobar su pliego en caso de un nuevo llamado a licitación, hubiera significado un escándalo político. La culminación del contrato fue la excusa ideal para comenzar a desprenderse de Tabanelli, acusado por el vicepresidente, Amado Boudou, de haber operado una campaña sucia en su contra.
El grupo Boldt había litigado con Ciccone Calcográfica por el negocio de la impresión de billetes y otros requerimientos del Estado nacional; pero el gobierno kirchnerista inclinó la balanza por la ahora expropiada gráfica, con lo que se inició un acelerado proceso de ruptura con el grupo Boldt. Lo que comenzó por el área de impresiones avanzó por el gran negocio del juego, uno de los mayores baluartes de la firma de Tabanelli.
El kirchnerismo, a través de Amado Boudou en primera instancia (complicado judicialmente en el tema) y luego por voceros legislativos del ministro del Interior, Florencio Randazzo (que presentó proyectos de ley de estatización del juego en la Provincia), además del vicegobernador, Gabriel Mariotto, que convocó a un foro de discusión del tema, inició una cruzada de fuerte presión contra el grupo empresario.
Existe una decisión concreta de correr a Tabanelli de este negocio, y el mandatario provincial, Daniel Scioli, no sólo no objeta esa jugada, sino que la avala con grandes gestos. Algunos de ellos se prevén rubricar por ley, y hablan de un cambio en la ecuación de las ganancias del juego y aumentos impositivos para este sector empresario. “Nueva etapa”, dicen.