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6 de julio de 2013
QUILMES

Una nueva denuncia contra el Barba

Nuevamente los concejales de la oposición quilmeña se presentaron a la Justicia para iniciar una demanda penal contra la administración del intendente Francisco Gutiérrez. La acusación se basa en presunta administración fraudulenta por casi 13 millones de pesos en la contratación directa, desde 2008, de la imprenta gráfica Microzite SRL

Una nueva denuncia contra el Barba
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Luego de las evaluaciones de los gastos durante 2012 y las discusiones reñidas dentro de los deliberantes bonaerenses, salen a la luz hechos irregulares y gastos desmedidos e injustificados. Sin embargo, son pocos los Concejos que pueden hacer fuerza y evitar que la votación sea favorable al oficialismo. Por eso, ediles de diferentes municipios encuentran como única solución presentarse ante el Tribunal de Cuentas con la documentación o recurrir a la Justicia para iniciar una demanda penal.

Y la lógica se dio en el Municipio de Quilmes, donde los concejales opositores hicieron efectiva una denuncia contra la administración del intendente Francisco Gutiérrez, por la que la acusan de presunta administración fraudulenta por casi 13 millones de pesos y el manejo arbitrario de los fondos municipales.

Según plantearon los ediles, la irregularidad se centra un la contratación, en forma directa, de la firma Microzite SRL desde 2008. Esta es una imprenta del partido que se encarga de elaborar las boletas de los servicios municipales y del boletín mensual de información vecinal La hoja, que se entrega a los habitantes de la ciudad.

Los denunciantes plantean que la firma antes mencionada estaría facturando al Municipio en forma espaciada para evitar una licitación pública durante los últimos 5 años. Por este motivo, apuntan al Jefe comunal por ser el responsable de administrar los fondos públicos y los recursos.

Quienes se presentaron a la Justicia son los concejales Gustavo Filaretti, Matías Festucca y Hernán Lupo Frente K Quilmeño); Mario Sahagun (FAP); Diego Buffone (Coalición Cívica); Fernando Pérez y Oscar García (UCR). Anteriormente habían realizado la presentación al Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de que el organismo evalúe la relación entre la imprenta y la comuna quilmeña.

Además, los denunciantes plantearon cierto vínculo familiar entre funcionarios municipales y los dueños de la firma. La denuncia penal fue asentada en el Juzgado Nº 2, y recayó en el magistrado Juez Martín Nolfi bajo el número 13-00-014373-13. Así, el Juez ya cuenta con la documentación presentada por los concejales en la que hay órdenes de compra municipal por medio de las cuales se contrataron durante 2012 un total de 3.200.000 pesos, divididos en casi 170 órdenes para evadir la ley provincial.

Historia de larga data

El concejal Gustavo Filareti explicó a Desafío Económico que la relación de esta firma con el Municipio que conduce Gutiérrez no es nueva, sino que ya lleva varios años, y vinculó esta relación al crecimiento de la imprenta.

“La firma arranca en 2005 con una pequeña imprenta en Berazategui, en un galponcito en el fondo de una casa, en la Calle 10”, cuenta Filareti. Y sigue: “Comenzaron con volantes chicos, para remiserías, para pizzerías, comercios de barrios y los empleados se encargaban de salir a buscar clientes”. En 2006 ingresan, por medio de un contacto, a la Unión Obrera Metalúrgica de Quilmes y conocen a David Gutiérrez, sobrino del Intendente y actual secretario privado del Municipio, en ese momento, formaba parte administrativa de la Clínica Vallese y la obra social de la UOM.

A partir de ese momento, la imprenta “comienza a realizar los trabajos de esa área y, comenzada la campaña del año 2007, empezaron a colaborar profundamente con la promesa de pasar a ser proveedores, una de las pocas promesas que cumplieron los Gutiérrez”, afirmó Filareti.

Dicha promesa se cumplió en 2008, cuando la imprenta se traslada a Libertad nº 1470 de Quilmes y pasa a ser proveedora del Municipio. En ese momento trabajaban bajo el nombre de fantasía de Micrográfica, propiedad de Roxana Battaglia, nombre bajo el cual facturó, sólo ese año, $ 1.400.000.

“Debido a la exposición pública de Roxana Battaglia en las rendiciones del año 2009 y del año 2010, a partir de abril de ese año, se mudan a Bernal y a partir del año 2011 crearon la SRL Microzite, cuyos dueños son los hermanos Díaz: Claudio (esposo de Roxana) y Rubén”, contó el concejal kirchnerista Desafío.

Pero la cuestión no finaliza aquí, sino que las irregularidades también se centran en la propiedad donde funciona la imprenta, sita en calle Lago Lácar Nº 1580. Según informó Filareti a este medio, “la propiedad pertenece a Claudia Tela, hija de Aldo Tela (subsecretario de Colectividades) quien, casualmente, es asesora ‘A’ de David Gutiérrez, con legajo 26.684 y cobra alrededor de $ 10.000 mensuales”.

Según los datos presentados por los denunciantes en el HTC, desde 2008 hasta la actualidad, las órdenes de compra se han incrementado año tras año, así como también el dinero recibido de parte de la comuna. Conforme consta en la documentación a la que accedió este medio, en 2011 Microzite SRL recibió $ 2.639.682,43 y en 2012, 3.292.603,74. Sumado lo de los años anteriores, se desprende un total de 12.401.732,83 de pesos.

Sorpresa e indignación fue lo que causaron los dichos del presidente del bloque oficialista Claudio González, quien reconoció que la propiedad en la que funciona la imprenta es de Tella, agregando que “no tiene nada de malo”.

Pedidos sin respuestas

No es casualidad que los concejales de la oposición quilmeña hayan recurrido a la Justicia para denunciar estas supuestas irregularidades cometidas por el Ejecutivo municipal. Llegaron hasta este punto por la falta de respuestas del gobierno gutierrista a sus diversos pedidos de informes.

Ya en 2009, cuando se conoce el monto pagado por el Municipio a Roxana Bataglia, el concejal Mario Sahagun presentó el pedido de informes Exp. -20306 -2009. Sin embargo, el expediente “duerme” desde ese año en la comisión de Presupuesto, primero a cargo de José Migliaccio (presidente del HCD), y a partir de 2010, por el actual presidente de la comisión Claudio González.

También, en el pasado mes de abril, los concejales realizaron la presentación en el HTC (ver recuadro) pero son conscientes de los tiempos que el organismo se toma para evaluar cada pedido puntual, teniendo en cuenta que aún están en evaluación cargos y gastos anteriores. Así, esperan que la Justicia se expida antes que el Tribunal provincial.

De esta manera, los ediles aguardan que sea la Justicia la que se mueva con más rapidez en esta nueva denuncia contra el Ejecutivo quilmeño, que ya acumula varios cargos en su contra. A pesar de ello, el gutierrismo no insinúa ningún síntoma de debilitamiento.


El pedido al tribunal de cuentas

El 17 de abril, con la firma de Buffone, Filaretti, Sahagún y Pérez ingresó en el Tribunal de Cuentas una nota en la que se pedía que el organismo evalúe la información sobre la firma Microzite. En el texto al que tuvo acceso este medio se planteó que “la administración municipal quilmeña se encuentra desde 2008, realizando contrataciones directas -sin licitaciones ni concursos de precios- sobre toda la provisión de material gráfico que circula en el distrito en relación a la actividad oficial”. (…) “El único y siempre mismo proveedor ha ido cambiando sus denominaciones legales, pasando de identificarse como una persona física (Roxana Bataglia), a hacerlo, desde 2011, bajo la denominación societaria de Microzite SRL. La investigación sobre la composición societaria de esta última firma arroja identidad de personas respecto de los proveedores registrados entre 2008 y el año del cambio de nombre. Durante 2012, según las constancias a las que accedió desde el bloque en forma reciente, Microzite facturó al Municipio de Quilmes por único servicio, mediante 261 órdenes de compra emitidas en el mismo caso en un mismo día, la suma total de $ 3.292.603,74”. Y por último solicita que “se nos informe si la operatoria de facturación de los montos indicados para el año 2012, documentados con órdenes de pago fraccionadas, aunque en muchos casos emitidas dentro de un mismo día, resulta acorde a las normativas vigentes, así como a las disposiciones y criterios doctrinarios de ese organismo”.

LEA LA NOTA COMPLETA EN LA EDICIÓN Nº 61 DE DESAFÍO ECONÓMICO

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