20 de febrero de 2014
ANALISIS
Venezuela, una democracia en riesgo
Barricadas, escombros, autos incendiados, estudiantes asesinados y manifestaciones multitudinarias inundan las calles a lo largo y ancho de las ciudades venezolanas. Un gobierno que no encuentra el rumbo en una convulsionada democracia
Un gobierno intransigente que ve conspiradores en todos lados, que prohíbe marchas de estudiantes y partidos políticos de carácter opositor. Una situación extrema que no avizora un final feliz.
La detención del dirigente político Leopoldo López, líder del partido Voluntad Popular, quien se presentó ante funcionarios de la Guardia Nacional, acompañado por una multitud de estudiantes, puede llegar a marcar la bisagra de un antes
y un después en la convulsionada Venezuela.
Un presidente que instiga a sus seguidores, ante los actos de violencia institucional. “¿Qué hubieran hecho si en sus países hacen una marcha para sacarlos? ¿Me van a venir a dar lecciones de democracia a mí?”, puntualizó Maduro.
“Tiene que responder ante la Fiscalía, ante los tribunales, ante las leyes de la República sus llamados a la sedición, al desconocimiento de la Constitución”, sostuvo el mandatario venezolano, todo un símbolo de la profundización del modelo chavista, aunque el fallecido líder nunca se animó a tanto. En comparación con Maduro, Chávez sería un moderado, según dicen sus seguidores.
La situación económica del país está en su peor momento: supermercados con góndolas vacías, falta de insumos mínimos, colas de tres cuadras para comprar huevos; y sin esperanza de mejorar.
La reacción internacional no se hizo esperar, con críticas por la detención del dirigente político López, frases cruzadas entre Uribe y Maduro, la expulsión de tres diplomáticos norteamericanos, las críticas del senador estadounidense Marcos Rubio y el apoyo explícito de la cancillería argentina a las medidas adoptadas por el presidente venezolano.
Todo un clima de tensión, que será difícil disipar. Esta confrontación social no tiene un final sin la intervención de la comunidad internacional, y el respeto que deben guardar los ciudadanos venezolanos por sus instituciones, o por lo menos aquellas que no violan los derechos humanos de sus propios compatriotas.
La situación económica empeora con el paso de los días, el panorama cambiario no se despeja. La mantención del tipo de cambio a 6,30 bolívares por dólar y el “fortalecimiento” del Sistema Complementario de Administración de Divisas (Sicad) no alivian la preocupación de los empresarios.
El presidente Maduro dio “plazo hasta el lunes” para que empresas cumplan con la ley de Costos y Precios Justos. Agregó que tomará “las medidas más radicales” para proteger la economía del pueblo. Informó de una reunión con distintos empresarios en la que decidió aprobar el 90% de las propuestas y sugerencias. Amenazó con que “si hay que expropiar, vamos a expropiar a quién tengamos que hacerlo”.
Estas frases, tan rimbombantes y poco efectivas, más que acercar calma a los empresarios y ciudadanos, sólo trajo más preocupación. Será hora de que desde el mismo gobierno salgan a ponerle paños fríos a la situación política y económica, ya que el clima social empeora con el correr de los días.
El gobierno de Nicolás Maduro tiene entre sus manos la solución, pero tiene que empezar por reconocer sus propias falencias, para comenzar a recorrer el camino de la pacificación. Sin un cambio de actitud del gobierno, no hay posibilidad de llegar a buen puerto. El gobierno espera que la comunidad internacional cumpla con sus amenazas de tomar represalias económicas, que perjudicarán a todo el pueblo venezolano, en lugar de brindar una solución.
El pueblo sigue en la calle, el chavismo moviliza a las milicias urbanas para defender la democracia, y la economía atraviesa sus horas más duras. El presidente Nicolás Maduro tiene la última palabra, y el pueblo venezolano, las consecuencias.