8 de agosto de 2017
DEMORADA
La Policía Judicial sigue en las gateras y responsabilizan a Conte Grand
El cuerpo especializado para investigar delitos de corrupción, al crimen organizado y actos relacionados con las fuerza de seguridad, no se ha puesto en funcionamiento y apuntan al exfuncionario de María Eugenia Vidal. Los concursos ya se realizaron, los hombres y mujeres esperan ser designados pero el Procurador retrasa los nombramientos. Intervino la Justicia.
El 8 de noviembre de 2012, la Legislatura de la provincia de Buenos Aires sancionó la creación de la Policía Judicial, un cuerpo especializado en investigaciones para una serie de delitos complejos. La corrupción, el crimen organizado y cuestiones que estén vinculadas las fuerzas de seguridad, son las tres aristas que contempla la Policía Judicial desde su creación.
A los pocos meses de sancionarse la normativa, ya en 2013, fue promulgada. En 2015, comenzaron los concursos públicos para los cuerpos directivos de la misma: director general, subdirector, secretarios, subsecretarios.
Ya en el mes de octubre de 2016, se llegó a la última instancia del largo proceso de designación de autoridades y se celebró la audiencia pública final en la Legislatura bonaerense. Una vez sorteado el último escollo, la Procuración de la provincia debía elevar el nombre de los ganadores de los concursos para que la Corte Suprema los ponga en funciones.
Uno de los puntos atribuidos a la demora fue el desenlace de la salida de María del Carmen Falbo y la llegada del exfuncionarios de María Eugenia Vidal al puesto de Procurador.
Así las cosas, con todo el derrotero legal y con cada plazo cumplido, Julio Conte Grand no elevó los nombres al tribunal supremo y fue acorralado por la Justicia para que cumpla con la ley.
En ese sentido, según pudo saber La Tecla.info, uno de los motivos por el cual el Procurador de la Provincia no “mueve el expediente” es por el descontento con la ley sancionada en la gestión de Daniel Scioli. En su defensa, sostiene que quiere realizar cambios en la normativa que crea el cuerpo que investiga la corrupción y el crimen organizado.
La principal variable que busca establecer Conte Grand es modificar el esquema de funcionarios. La ley vigente manifiesta que los cargos deben renovarse cada cuatro años, no obstante el Procurador aspira que sean cargos de por vida y quienes designe durante su gestión se mantenga en el mando hasta sus jubilaciones.
Así las cosas, luego de un amparo por mora presentado por Sergio Legorburú, quien ganó el puesto de Subdirector general, el juez platense Luis Arias dictó un fallo el pasado 31 de julio en el que obliga a Conte Grand a elevar los expedientes en el plazo de 20 días para que la Suprema Corte nombre a los ganadores de los concursos.
No obstante, a pesar de la orden judicial el expediente se mantiene en las gateras y no ha sido enviado al máximo tribunal, así como tampoco –por el momento- la fiscalía de Estado ha apelado el plazo de 20 días.
“Públicamente todos reclaman la necesidad de la Policía Judicial, pero no avanza”, señalaron a este medio desde el sector que reclama la puesta en funcionamiento y agregaron “quieren un cambio, pero ese cambio no llega más”.
Otro de los puntos donde aseguran que el relato oficial hace agua es que desde hace varios meses el Procurador anuncia que aspira a modificar la normativa vigente, pero no ha enviado ningún borrador con variantes a la Legislatura para su tratamiento.
Vale destacar que, a su momento, el Juzgado nº 10 en lo Civil y Comercial ratificó la validez de los concursos y sus resultados. Inclusive, los nombres que esperan la designación oficial, fueron obligados a dar de baja sus matrículas para asumir el cargo público.
Asimismo, el cuerpo de investigadores tiene una comisión de seguimiento y al menos una vez por año deben presentarse ante la Legislatura para dar a conocer el resultado de su trabajo. Además, la Policía Judicial ya cuenta con partida presupuestaria oficial para estar en funciones a pesar de la demora en elevar los expedientes.
Así las cosas, la Policía Judicial que fue celebrada por todo el arco político y destacada como una herramienta clave para brindar claridad en temas centrales como la corrupción y las mafias policiales, se encuentran cajoneadas por la Procuración desde que finalizaron los concursos para que comiencen sus funciones.