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Argentina
7 de diciembre de 2017
PLAN DE PROVINCIA

Estatales salen a rechazar el pacto fiscal con reclamos a los concejos deliberantes

La Asociación de Trabajadores del Estado se opone al Pacto Fiscal que aprobó la Legislatura bonaerense días atrás y que le pone condiciones a los intendentes con respecto a sus cuentas. La entidad señala que están en riesgo muchos puestos de trabajo.

Estatales salen a rechazar el pacto fiscal con reclamos a los concejos deliberantes
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La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la provincia de Buenos Aires inició ayer un plan de lucha contra el pacto fiscal que promueve el gobierno de María Eugenia Vidal para los municipios con presentaciones en los concejos deliberantes.

En diálogo con La Tecla en Vivo, programa de Cadena Río, Carlos Díaz, secretario adjunto de ATE Provincia, aseguró que el pacto, avalado por la Legislatura bonaerense, y al que tienen que adherir los municipios, "pone en riesgo de miles de fuentes de trabajo".

"Vamos a estar realizando presentaciones en los concejos deliberantes rechazando y solicitando a los concejales de cada distrito la no adhesión a esta ley de responsabilidad fiscal que pone en riesgo las fuentes trabajo en los 135 distritos", consignó.

Las primeras manifestaciones las realizaron ayer en el marco de una masiva jornada de movilización y lucha que realizó la organización junto a otras entidades de la CTA Autónoma hacia Plaza de Mayo en rechazo al paquete de reformas que alienta Macri. El Pacto Fiscal, de Vidal, también está en esa lista.

Como publicó La Tecla, el pacto de responsabilidad fiscal conmina a los intendentes a realizar los ajustes necesarios para tener las cuentas en orden, como condición para recibir ayuda financiera extraordinaria de la Provincia.

Entre otros puntos,  se les pide a los municipios: 

1- Que el gasto corriente no crezca más que la inflación; que sea constante en términos reales.

2- Que la planta de personal no crezca más que la población, que aumenta en la Argentina un promedio de 1 por ciento por año. 

3- Que la deuda tenga un límite razonable (del 8%) relacionado con sus recursos corrientes.

4- La regla del final del mandato: no incrementar el gasto corriente de cada año en carácter permanente en el último semestre.
 

 

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