El asesinato del chofer en La Matanza volvió a poner sobre la mesa varios problemas. El de la inseguridad, en primer lugar, pero también la ausencia de autocrítica de todos los sectores políticos y la no asunción de responsabilidades. Oficialismo y oposición se responsabilizan por la situación.

Caso Alcaraz: mientras la gente muere, el Gobierno y Magario se pasan la pelota

Son muchos los analistas, politólogos, sociólogos y hasta psicoanalistas que han intentado realizar una radiografía sobre el comportamiento del argentino medio, remarcando una cualidad nada positiva: la nula capacidad para asumir responsabilidades.

La muerte del chofer de micros Leandro Alcaraz vuelve a mostrar la cara más desagradable de esta condición, en medio del dolor de una familia y la indignación de amigos y familiares, que hoy mismo despidieron los restos del joven trabajador con un reclamo clamoroso: "Por favor, basta, queremos que vayan presos los que matan", reclamaron.

"Tenemos que estar todos juntos, basta de pelearnos entre nosotros porque en esta estamos solos", arengaron los compañeros de Alcaraz, externando ese sentimiento de soledad que siente parte de la sociedad, mientras los políticos tratan de esconder la suciedad en la alfombra de sus contrincantes.

Desde el oficalismos acusaron rápidamente a la intendenta Verónica Magario de ser responsable del asesinato y de la inseguridad en La Matanza, distrito que, según informó La Tecla, recibió cerca de 240 millones de pesos para invertir en materia de Seguridad.

Según lo auditado por el Tribunal de Cuentas de la Provincia, no gastó un solo centavo. Sin embargo, desde Provincia se realizó cada uno de los tres depósitos a pesar de no recibir detalles del gasto utilizado en los previos.

“La Matanza recibió 240 millones para invertir en seguridad y de eso invirtió cero pesos; batió el récord de los 135 municipios. Una intendente que manifiesta todo el tiempo que la provincia de Buenos Aires la discrimina", sostuvo el senador Walter Lanaro tras el asesinato del joven, añadiendo que "el dinero se distribuyó según el índice de coparticipación, por eso La Matanza fue quien más recibió; pero nada de lo que mandamos para seguridad fue ejecutado y el tribunal de cuentas no tiene ese dinero rendido".

Horas antes, el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, cuestionó severamente a la jefa comunal K, acusándola públicamente de no haber ejecutado el Fondo de Seguridad.

"Con la gran mayoría de los intendentes se trabaja bien, no importa el color partidario” pero que hay otros con los que la situación es distinta. Hay otros intendentes a los que se les entrega un fondo de dinero y en dos años no han gastado un peso. Es el caso de La Matanza, donde hay un problema de seguridad serio”, aseguró.

En las últimas horas, Magario brindó una conferencia de prensa en la que aseguró que, como era obvio, la culpa es de Vidal y la Provincia, deslindando toda responsabilidad sobre la situación de su propio distrito. "Los intendentes no somos responsables de la seguridad", se excusó.

"La seguridad es responsabilidad de la gobernadora, el único responsable es la administración provincial", dijo, argumentando que la Provincia no le envía los efectivos necesarios para combatir la inseguridad.

Magario explicó que en 2015 La Matanza tenía 4.900 policías y 1.200 gendarmes (6.100 efectivos), mientras que en 2018 cuentan con 4.200 policías y 150 gendarmes, cuando deberían ser 7.000 y 1.200, respectivamente.

Mientras tanto, las medidas llegan tarde, de manera espasmódica y como reacción a las desgracias. Habrá botones antipánico y créditos para equipar con cámaras de seguridad a los colectivos bonaerenses. Tarde, muy tarde para Leandro Alcaraz, como lo es para cada uno de los que esperan una solución que les permita salir de sus casas seguros de regresar.

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