En esta columna, el ex diputado nacional y ex ministro de la provincia de Buenos Aires, Daniel Arroyo, analiza la situación de los más postergados en el país, y advierte sobre un ascendente clima de implosión y de quebranto del contrato social.

***Por Daniel Arroyo (*)***

La realidad social está complicada de verdad. Es objetivo que en los últimos meses está creciendo la pobreza. El aumento de los costos fijos, la reducción de la actividad económica y la desocupación abonan el terreno para ensanchar la grieta entre los que están mejor y los que están peor en nuestro país.

Ponernos a comparar cifras y estadísticas de un gobierno u otro, no tiene sentido si lo que se busca es matizar lo evidente: “que la realidad está compleja”.

Si tomáramos una foto en cualquier barrio del conurbano, vemos que la escena se repite, hoy las familias están sobreendeudadas, conviven en un contexto de costos fijos en aumento, (por la suba de luz, gas, agua, alimentos, transporte, medicamentos, combustibles, etc.), generando que con los ingresos propios, las familias no lleguen a fin de mes. Así, se endeudan pateando el pago de la tarjeta (80% de interés anual), yendo a la financiera de la esquina (150%), al financista del barrio o al que vende droga que, como tiene billetes, termina también siendo prestamista. Esta situación se generaliza tanto en los más pobres como en los que hacen changas o los que, aún con un sueldo fijo.

Se van madurando dos cuestiones, por un lado, un clima de implosión social, de mucha gente que revienta para adentro, mucha gente sacada y complicada. Cualquier conflicto menor termina a los golpes o a los tiros porque la tensión cotidiana es tan grande y permanente que todo escala rápidamente. La sensación de la mayoría de las personas en Argentina es que están solos, que el Estado no los acompaña y que tienen que arreglárselas como pueden.

Y por otro, la sensación de que se quiebra el contrato social, el desenganche de la sociedad respecto del Estado, de la política y de lo que sea. La sensación de que cada uno va por la libre tratando de encontrarle la vuelta a su economía familiar, en un contexto en donde cada vez asisten más chicos y adultos a los comedores comunitarios, se nota mucho el párate de las changas (en especial lo que tiene que ver con la construcción y el textil) y se agota la red social. Como todos están mal en el barrio, no hay a quien pedirle porque todos están secos y nadie tiene. No hay en donde hacer pie.

Cada uno considera que esta solo y con un Estado que las abandona. La bronca generalizada no sólo tiene que ver con la falta de plata; se asocia ahora también a la falta de expectativas y de horizonte.

En este marco, el acuerdo con el FMI pone más leña al fuego, no veo que el recorte, que el ajuste permanente sea el camino para el desarrollo de la Argentina. El recorte lleva al párate de la actividad económica, y este párate no solo achica el Estado sino al sector privado porque el que no tiene plata no va a ir al kiosco, no va a ir a la panadería, no va a ir a un comercio y eso paraliza toda la actividad.

Hace falta encarar otro camino para, al menos, ponerle un piso a la crisis. Es necesario decretar ya la emergencia alimentaria, que tiene que ver con volcar más dinero en los comedores comunitarios, aumentar los recursos en los comedores escolares y bajar el precio de los 11 productos de la canasta básica. No se trata de regular el conjunto de la economía ni de promover un modelo intervencionista. Se trata de hacer lo mínimo: lograr que en Argentina comer sea barato. Quitar el IVA a la canasta básica y regular los precios de esos 11 productos es la primera política social que hay que poner en marcha.

También es necesario generar un sistema de crédito no bancario que le ponga un límite a las tasas usurarias que cotidianamente pagan las familias y que le permita acceder a máquinas y herramientas a las personas que hacen changas o son cuentapropistas. Presenté un proyecto en la Cámara de Diputados para llegar a 500.000 créditos en un año para máquinas y herramientas a tasas menores del 5% anual. Se trata de generar un Fondo de $12.500 millones (que es el 0,8% del préstamo del FMI) para que el carpintero tenga una sierra circular, para que el pibe que tiene un taller mecánico en el Conurbano acceda a un scanner y una computadora o que quien cose ropa en su casa tenga la máquina para hacerlo. Esto es política social y debería ser la base tanto para desendeudar a las familias como para promover nuevos ingresos al sector vulnerable de la Argentina.

Finalmente, se trata de concentrar la obra pública en la infraestructura básica, en los servicios básicos, la vivienda social y las obras pequeñas que son generadoras de empleo masivo. Es clave para el desarrollo argentino generar grandes obras de infraestructura, caminos y autopistas; pero es clave, también, para evitar el quiebre del contrato social, poner mucho foco en obras “mano de obra intensivas” y en el empleo de los más jóvenes.

Está claro que estas propuestas no resuelven los problemas estructurales de la Argentina, ni tampoco nos encamina a un modelo de desarrollo sostenido, pero es una condición imprescindible para ponerle un piso a esta crisis que está desacomodando mal la vida cotidiana de millones de argentinos.

(*) Diputado Nacional – Frente Renovador

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