LEGISLATURA
La Tecla
Redacción
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Con una carta documento contra la comuna, se agrava la crisis en Mar del Plata
El Sindicato de Trabajadores Municipal (STM) envió una carta documento a Carlos Arroyo dando un plazo de tres días que se ejecuten las partidas de las bonificaciones a los docentes. El Intendente lo quiso vetar, pero el Concejo Deliberante lo obligó a pagar y aún no lo hizo.
El de los docentes y sus bonificaciones está llamado a ser el conflicto de nunca acabar. Es que luego que el Concejo Deliberante aprobara por insistencia la ordenanza que restituyó el beneficio, tras el veto del intendente, ahora los trabajadores del sistema educativo municipal denunciaron que no fueron liquidados los montos correspondientes.
Por esto, según informó La Tecla Mar del Plata (www.lateclamardelplata.com.ar) el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipal (STM), Antonio Gilardi, envió una carta documento a Carlos Arroyo dando un plazo de tres días que se ejecuten las partidas.
En el documento oficial se exige que “en el plazo máximo de 3 días, de cumplimiento y ponga en ejecución real y efectiva las ordenanzas sancionadas por el Concejo Deliberante… dando continuidad así a la liquidación y pago de la bonificación por función docente”.
En la carta documento, Gilardi afirma que de no cumplirse con la obligación, se ratificará una “clara e intención desobediencia a una disposición legal expresa”, por lo que “promoveremos las acciones judiciales pertinentes, haciéndolo a usted y a los funcionarios firmantes en el Decreto, personalmente responsables de los daños y perjuicios ocasionados a los trabajadores municipales afectados”. También se aclara que se realizarán denuncian por el “delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
El conflicto se da, además, en el marco de la retención de tareas por tiempo indeterminado por parte de los municipales, que hoy cumple su sexta jornada, en reclamo por un oferta salarial acorde a la inflación.
Asimismo, la decisión del gobierno municipal de resistirse a implementar la ordenanza, supone nuevamente un choque de poderes con el Concejo Deliberante. El Ejecutivo sostiene que el contenido de la ordenanza en cuestión no es competencia del legislativo y que, además, su aprobación no cumplimentó los pasos reglamentarios, por darse en una sesión que había sido convocada para interpelar a dos funcionarios.