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Argentina
11 de abril de 2019
LA TECLA MAR DEL PLATA

Vía libre para los negocios de Giri

Dos empresas de uno de los hombres más cercanos a Arroyo fueron beneficiadas con el monopolio del cobro de multas y los préstamos para municipales. Lo público y lo privado, sin distinción.

Vía libre para los negocios de Giri
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Emiliano Giri fue siempre uno de los nombres fuertes en el entorno del intendente Carlos Arroyo, y desde esa posición logró consolidar importantes beneficios para las empresas de su familia, de dilatada trayectoria en los sectores turístico, de cobros y financiero. En los meses finales de 2018 se hizo del monopolio en el cobro de las multas labradas por la Municipalidad de General Pueyrredón y obtuvo la exclusividad de los códigos de descuentos para los créditos a los que accedieran empleados municipales, dejando fuera de juego a otras dos financieras y al Sindicato de Trabajadores Municipales (STM).

El plan implementado por la Comuna comenzó a fines de 2017, cuando le quitó el código de descuentos al STM y meses después firmó un convenio para habilitárselo a Red de Préstamos S.A. -más conocida como Prestanet-, la empresa de los Giri dedicada al otorgamiento de préstamos de hasta 50 mil pesos.

Para también sacar del juego a sus competidoras privadas, en febrero de 2018, el gobierno avanzó contra las financieras Emfetap y Amigal, con las que tenía vigente un có-digo de descuentos para los créditos obtenidos por personal municipal. Al igual que con el sindicato, intempestivamente los dio de baja, lo que generó la reacción de las empresas. Cada una por su lado presentó un pedido de intervención al Concejo Deliberante, mediante dos notas (56-18 y 57-18) elevadas ese mismo mes. Sin embargo fueron archivadas. Por ello, en julio insistieron con dos nuevas presentaciones. También quedaron en la nada.

La estocada final fue el 27 de abril de 2018, cuando el Ejecutivo emitió el decreto 891-18, por el que transparentó el nuevo convenio de cobro de cuotas de créditos personales mediante la retención de liquidación de haberes con Red de Préstamos, conocida popularmente como Prestanet. Rubricado con las firmas de Arroyo y Jorge Giri -padre de Emiliano-, el convenio determina que la Municipalidad ingresará a la entidad el importe total retenido en concepto de cuotas de amortización e interés de los préstamos personales que los empleados municipales hayan sacado en la financiera de los Giri.

Entre las cláusulas del acuerdo, que tiene una renovación automática anual, se dispone que antes del día 6 de cada mes, la empresa comunica a la Municipalidad el importe de las cuotas que los empleados deben abonar en el próximo vencimiento por medio de un listado por duplicado y acompañado de soporte magnético.

En base a esa información, el Municipio ejecuta el código de descuento y debita automáticamente del sueldo del empleado el importe correspondiente al pago mensual del préstamo personal.

Ensayando una falsa protección de los intereses de los trabajadores, en la cláusula 4 se estableció que “la tasa de interés efectiva no puede ser mayor a un 30 % de la tasa de interés promedio del sistema para préstamos personales publicada por el Banco Central de la República Argentina”, cuando, en rigor, no debería ser mayor que ella.

En tanto, desde el Sindicato de Trabajadores Municipales denunciaron la in-corporación de los gastos administrativos agregados, a razón del 6 %, lo que incrementa aún más el capital de los intereses adeudados.

Pero, como si fuera poco, quizá con la intención de hacer caja, el secretario Hernán Mourelle no se privó de ingresar una cláusula, la octava, por la que el Municipio recibe “en concepto de reconocimiento de gastos administrativos un monto equivalente al 4 % del total que (se) entrega mensualmente a la entidad en concepto de retención de los sueldos”. Es decir, un negocio a dúo entre el Esta-do municipal y la financiera de los Giri.

No sólo eso, sino que Hacienda se garantizó el manejo libre de fondos privados por 90 días. ¿Cómo es esto? Un mes después del decreto 891, el Ejecutivo emitió uno nuevo, más precisamente el 1027, del 16 de mayo. Allí se incorporaron modificaciones a su antecesor, donde se agregó una nueva cláusula, la séptima.

La misma establece que “la Entidad confiere expresa autorización a la Municipalidad para la utilización de los fondos retenidos por el término de 90 días”. De este modo, durante al menos tres meses, el Municipio maneja los fondos de los créditos personales sacados por sus empleados en una financiera privada. Según aseguraron fuentes sindicales a La Tecla, con estos fondos, Mourelle habría realizado distintos plazos fijos a lo largo de 2018, que nunca fueron transparentados ciento por ciento y por los que aún debe un pedido de informes al Concejo Deliberante.

También con Ripsa

En medio del operativo para orientar los créditos personales de los empleados municipales hacia Prestanet, el gobierno local también favoreció a las empresas de los Giri con otra polémica resolución. En base a los lineamientos de la ordenanza 11685 se firmó un acuerdo con Red Informática de Pagos S.A., conocida como Ripsa, la principal empresa de pagos de servicios de Mar del Plata y con una amplia extensión en la provincia de Bue-nos Aires, y recientemente establecida también en La Plata.

En el acuerdo se estipuló que los “cobros por cuenta orden de la Municipalidad de los pagos en forma exclusiva, que realicen los infractores por Multas por Contravenciones, (será) a través de caja instalada en el edificio de Tribunal Municipal de Faltas”. Esa caja del edificio de Garay 3136 pertenece ni más ni menos que a Ripsa. Es decir, todo el volumen de las multas contraídas por los marplatenses deben ser pagadas desde esa fecha a la empresa de Giri, que se hace de casi del 0,7 % de esos fondos.

En los primeros tres trimestres de 2018, eso significó unos 900.000 pesos, según la información de la ejecución presupuestaria de la Secretaría de Hacienda de General Pueyrredón.

Otro de los puntos polémicos del acuerdo, que valió pedidos de informes del Concejo Deliberante, aún no respondidos por el Ejecutivo, fue el establecimiento de una cláusula del 2 % para los cobros con tarjeta de crédito. Además, actualmente Ripsa no permite el pago mediante tarjeta de crédito en una sola cuota, por lo que obliga a los usuarios que opten por ese medio de pago a abonar aún más por sus ya onerosas multas. A cambio, la empresa se encarga del mantenimiento de la caja de cobro fija, de los empleados, del transporte de caudales y de la seguridad.

Mientras crecen los negocios de Giri con la Municipalidad, también avanzan causas judiciales por tasas usurarias en los préstamos; pero todavía más se profundizan los cuestionamientos a la utilización de los resortes del Estado para negocios personales.


Giri y el Astillero Río Santiago

En 2016, la Fiscalía de Delitos Complejos a cargo de Jorge Paolini, inició la investigación sobre Giri al igual que contra funcionarios provinciales y de la administración del astillero por el delito de peculado. En concreto, los investigadores los acusaron de haber creado un circuito de contratos falsos en cargos jerárquicos que derivó en la sustracción de fondos por una suma que asciende a los $16 millones.

Sobre Giri pesó la imputación de partícipe primario, que supone una pena de entre dos a diez años de prisión. Sobre su accionar, el fiscal explicó que se comprobó que entre 2012 y 2013 a vecinos de bajos recursos de Mar del Plata y Batán el propio Giri les pedía datos personales para supuestas afiliaciones partidarias o para conseguirles beneficios sociales y esos datos terminaban en la formulación de legajos como trabajadores. Se estima que son uno cien legajos detectados con estas particularidades.

Los vecinos –cuyos nombres eran utilizados para concretar la maniobra fraudulenta- declararon ante los investigadores que desconocían qué se hacía con sus datos.

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