28 de abril de 2020
CORONAVIRUS
La liberación de presos abre una grieta en el Gobierno
Frente a la amenaza del coronavirus, la Justicia dispuso la prisión domiciliaria para un grupo de detenidos. En el Ejecutivo se abren distintas visiones sobre un mismo problema.
Si bien el tema estaba en agenda dese hace varios días, los motines que tuvieron lugar en Florencio Varela, Devoto, Santa Fe y Corrientes encendieron la alarma. La falta de higiene, atención y sobre todo hacinamiento en las cárceles del país son un verdadero problema en tiempos de pandemia.
Por eso, la Justicia avanzó en una serie de otorgamientos de prisiones domiciliarias a fin de resguardar la salud e integridad de detenidos. Pero el tema, controversial como pocos, abrió una grieta en la política y en el propio oficialismo.
Recientemente, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, avaló de cierta forma la liberación de aquellos en riesgo, y cuyas penas aún ni siquiera están firmes.
"Estoy tratando de que podamos controlar el tema de un modo racional. Pero no es un problema de la Argentina, es del mundo entero", afirmó Fernández en diálogo con Radio Con Vos.
"La cárcel es un lugar de concentración humana muy riesgosa, donde el contagio y la contaminación puede darse con mucha facilidad, hay también gente que tiene factores de riesgo", explicó el Presidente y recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó a los países que integran el pacto de San José de Costa Rica atender la situación sanitaria en las cárceles frente al avance de la pandemia.
"Recomienda desde detención domiciliaria hasta libertades restringidas, como pueden ser las pulseras para tener un control. Es un tema complicado porque además se mezcla con criterios de Justicia. Hay gente que está detenida, no tienen condena aún y están exponiéndose peligrosamente", sentenció Alberto.
En la vereda de enfrente, en tanto, se paró el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. "Si fuera por mí, no sale ningún preso", dijo y reveló que esta medida se planteó en una situación "excepcional" por la pandemia y consideró como "un verso" que los arrestos domiciliarios puedan controlarse por medio de las pulseras electrónicas.
Sin embargo, dijo que su visión "no tiene mucha injerencia" porque "las cárceles dependen administrativamente del Ministerio de Justicia y la libertad de los presos, de los jueces".
"Por suerte para los presos su libertad no depende de mi opinión, porque si fuera por mí no sale ninguno", afirmó en una entrevista en América.
Por su parte, en el Poder Judicial intentan bajarle el tono a la polémica. El titular del Consejo de la Magistratura y camarista federal de San Martín, Alberto Lugones, dijo que solo se otorga el beneficio de la prisión domiciliaria a "aquellos casos en que se justifique por el riesgo para su salud" ante la pandemia del coronavirus, y consideró exagerada la cifra de 1.000 liberados en esas condiciones.
"No llegan ni a 200", estimó Lugones y añadió: "Nosotros verificamos que en cada caso que se pide la domiciliaria se cumplan las condiciones y supuestos que corresponden, que tengan alguna situación que justifique peligro de vida o de su salud".
Por su parte, Julio Conte Grand, procurador general de la Provincia de Buenos Aires, señaló: "Nosotros tomamos la decisión de instruir a los defensores para que analizaran todos los casos dentro del universo de riesgo; después del análisis debe verse qué penas se están cumpliendo y por qué delitos y en función de eso solicitar las prisiones domiciliarias".
"La misma resolución instruye a participar en el control de este proceso. Este es el sistema en el que creemos: uno en el que se controla cada situación y se controla la ejecución. Hemos detectado desvíos, pero los estamos verificando y buscando resolverlos de inmediato”, reconoció.