9 de abril de 2026
NACIONALES
Se aprobó la Ley de Glaciares: los votos que fueron clave para el triunfo del oficialismo
La Cámara de Diputados de la Nación aprobó la ley 26.639 con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones. La presencia de Karina Milei en el recinto y el rol protagónico de algunos diputados aliados, fueron decisivas. Ambientalistas y oposición adelantan que la pelea se trasladará a tribunales
La Cámara de Diputados de la Nación aprobó la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.
El proyecto, impulsado por el oficialismo y respaldado por gobernadores de provincias mineras, obtuvo 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones. La presencia de Karina Milei en el recinto y el apoyo clave de diputados cordobeses sellaron el triunfo de La Libertad Avanza en una votación que genera fuerte polémica ambiental.
El texto ya contaba con media sanción del Senado desde el 26 de febrero de 2026 (aprobado por 40 votos a favor, 31 en contra y 1 abstención), por lo que su aprobación en Diputados lo convierte en ley plena. La norma modifica la legislación vigente desde 2010, que protegía de manera integral a los glaciares y ambientes periglaciares de actividades extractivas como la minería, hidrocarburos u obras industriales.
¿Qué cambia con la reforma?
La nueva ley mantiene la prohibición absoluta sobre los glaciares propiamente dichos, pero redefine el alcance de la protección en las zonas periglaciares. Ahora solo se preservarán aquellas áreas que demuestren una “función hídrica específica relevante” (para consumo humano, agricultura, biodiversidad, ciencia o turismo). Esto otorga mayor autonomía a las provincias para:Realizar estudios propios de segundo y tercer nivel (más allá del Inventario Nacional de Glaciares a cargo del IANIGLA).
Autorizar actividades productivas en zonas periglaciares que, según su criterio, no afecten reservas hídricas estratégicas.
Los impulsores, gobernadores de la Mesa del Cobre y el Litio (San Juan, Catamarca, Salta, Jujuy y Mendoza, entre otros, argumentan que la ley original era excesivamente restrictiva y frenaba inversiones mineras en un contexto de necesidad económica. Defienden que se respeta el “paradigma de protección” y se fortalece el federalismo al devolver a las provincias el dominio sobre sus recursos naturales, tal como establece la Constitución Nacional.
El oficialismo celebró el avance como un triunfo del desarrollo productivo. El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz (LLA), sostuvo que “no se afecta el paradigma de protección” y que la reforma “da rigor técnico” a una norma criticada por científicos. Gabriel Bornoroni (LLA-Córdoba) enfatizó: “Desde Córdoba exigimos federalismo y el presidente Milei nos lo trae”.
En la oposición, Unión por la Patria, Coalición Cívica, socialismo y izquierda advirtieron sobre una regresión ambiental. Legisladores como Gabriela Estévez (Unión por la Patria) y Natalia De la Sota señalaron que el ambiente glaciar y periglaciar representa solo el 0,4% del territorio pero asegura la seguridad hídrica de millones de argentinos en un contexto de crisis climática. Carolina Basualdo (schiarettista) alertó que decisiones en provincias mineras podrían afectar cuencas lejanas, como el Mar Chiquita en Córdoba.Diputados como Miguel Pichetto y Nicolás Massot votaron en forma diferenciada, y el rionegrino Pichetto se mantuvo coherente con su apoyo a la ley original de 2010.
Hubo denuncias de lobby minero y se mencionó una posible reunión de directivos de Glencore con legisladores.
Cómo sigue el curso del proyecto
Con la aprobación en ambas cámaras del Congreso, el proyecto ya está sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo. Se espera que el presidente Javier Milei lo promulgue en los próximos días mediante decreto publicado en el Boletín Oficial, convirtiéndolo en ley vigente.
La oposición ya anunció que presentará demandas de inconstitucionalidad ante la Justicia, argumentando que la reforma viola principios de no regresión ambiental, tratados internacionales con jerarquía constitucional y la protección del agua como bien común. Organizaciones ambientalistas y una petición en Change.org con más de 67.000 firmas ya habían alertado sobre los riesgos.
El Gobierno, por su parte, celebra un alivio político en medio de otros debates y confía en que la norma destrabe inversiones mineras en cobre y litio, sectores clave de su agenda económica.La reforma marca un antes y un después en el equilibrio entre desarrollo productivo y protección ambiental en la Argentina cordillerana. La pelea, aseguran los críticos, ahora se traslada a los tribunales.
Uno por uno cómo votaron los diputados