El pedido de los cortesanos retumbó en la Gobernación y se evidenció un marcado malestar en el Poder Ejecutivo. La respuesta que surgió no va en sintonía con el pedido y la incertidumbre gana terreno.

El Gobernador desoye el reclamo de la Corte y escala la tensión por las vacantes

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires posee varios frentes abiertos de disputa tanto en la gestión como en el ámbito de la política. En las últimas semanas se cocina a fuego lento un conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Judicial por lo que se suma un nuevo foco de tensión. Tras el reclamo de la Corte vino la respuesta del entorno de Axel Kicillof y el panorama pinta complicado.

Hace menos de una semana el máximo tribunal bonaerense le reclamó al Gobernador que avance con los nombramientos de las cuatro vacantes, además de unos 200 pliegos en el resto de los tribunales. Asimismo, presentaron un proyecto de autarquía para insistir con el pedido de autonomía plena.

En este marco, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, brindó su habitual conferencia de prensa de los lunes y se refirió a la situación. Ante la consulta realizada por el planteo de la Corte, el funcionario de Kicillof respondió de manera escueta y tajante.

“Es una prerrogativa, es una potestad del del gobernador, que lo va a definir de acuerdo a los criterios de oportunidad, mérito y conveniencia”, aseveró. De este modo, expresó el posicionamiento del Ejecutivo y marcó distanciamiento con los cortesanos.

No obstante, luego fue repreguntado para que se explaye más al respecto, pero Bianco no se movió de lo manifestado anteriormente. “Repito lo que lo que dije antes, es una definición que tiene que tomar el gobernador y él estimará cuál es el momento para para definirlo”, expresó.

Como ya contó La Tecla, en los últimos días dos fuentes dejaron trascender que se habría producido una reunión entre el ministro de Economía, Pablo López, y los tres jueces de la Corte: Sergio Torres, Hilda Kogan y Daniel Soria. El encuentro habría podo después que rotaron la presidencia del tribunal y, según cuentan, la ausencia de Kicillof en el encuentro no habría sido bien recibida.

El jueves pasado los cortesanos reunieron a todo el ámbito judicial bonaerense en un acto en el que volvieron a exponer la gravedad de su situación institucional al reclamar la cobertura urgente de vacantes. El máximo tribunal funciona hoy con tres de sus siete miembros, un escenario que dentro del propio organismo califican como inédito y que condiciona de manera directa su capacidad operativa.

En ese marco, Sergio Torres fue especialmente contundente al advertir: “Los ministros que presidimos este acto, como pueden observar, somos tres. Cuando debiéramos ser siete. Este Superior Tribunal se encuentra inéditamente desintegrado”. A su vez, remarcó que la falta de integración plena no solo afecta el funcionamiento interno de la Corte, sino que repercute en toda la administración de justicia, generando demoras, sobrecarga en los magistrados y dificultades para dar respuestas en tiempo y forma.

También puso el foco en las responsabilidades políticas, al señalar que la designación de jueces requiere de la acción coordinada entre el Poder Ejecutivo y el Senado, y que la falta de avances en ese sentido profundiza la crisis. En paralelo, defendió el proyecto de autarquía al sostener que la independencia judicial “no puede ser solo declamativa” y que, sin autonomía presupuestaria, el funcionamiento del sistema queda atado a decisiones externas.

Según planteó, la iniciativa busca garantizar previsibilidad en los recursos y evitar que las restricciones presupuestarias terminen impactando en áreas sensibles del servicio de justicia. En ese sentido, advirtió que la combinación de vacantes sin cubrir y limitaciones financieras configura un cuadro que afecta directamente el acceso de la ciudadanía a una justicia eficaz.

El reclamo de la Corte no fue recibido con buenos ojos en el Poder Ejecutivo a pesar de estar al tanto de que lo iban a hacer público. En tanto, cerca de Kicillof sostienen que enviarán los pliegos cuando lo consideren y marcan que en el Senado no todo está allanado en el oficialismo para avanzar.

Además, persisten otros dos cargos clave del sistema judicial bonaerense que siguen fuera del radar: la Subprocuración General y la Defensoría Adjunta del Tribunal de Casación, ambos sin cubrir y también sujetos a acuerdo del Senado.

La Subprocuración está vacante desde la salida de Juan Ángel de Oliveira —formalizada entre 2022 y 2024— y se trata de un puesto estratégico, ya que es vitalicio y además reemplaza al Procurador General en caso de acefalía. En paralelo, la Defensoría de Casación permanece sin titular desde 2021 tras la muerte de Mario Coriolano, afectando la estructura de la defensa pública.

Este cuadro se inscribe en un problema más amplio: la falta de nombramientos en la cúpula judicial. En los últimos 23 años, solo hubo una designación en la Corte —la de Sergio Torres en 2019 durante la gestión de María Eugenia Vidal—, mientras que ni Daniel Scioli ni Axel Kicillof impulsaron nuevos jueces para el máximo tribunal.

El contraste con otros períodos es marcado. En 2002, Felipe Solá cubrió en pocos meses cuatro vacantes y luego avanzó en la reducción del número de miembros del tribunal, que pasó de nueve a siete. Desde entonces, la Corte atravesó una etapa de estabilidad prolongada, que se rompió en los últimos años con una nueva ola de vacantes: durante la gestión de Kicillof se produjeron cuatro salidas entre fallecimientos y renuncias, profundizando el actual escenario de desbalance institucional.

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