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Miércoles, 6 mayo 2026
Argentina
6 de mayo de 2026
JUSTICIA EN ALERTA

La Corte bonaerense sale a la cancha a jugar y tensiona a Axel Kicillof

El máximo tribunal provincial salió a marcar la cancha con reclamos al Poder Ejecutivo y al Legislativo. El proyecto de autarquía, las vacantes que preocupan, el presupuesto 2026 designado y la disputa política que se abre.

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La presentación del proyecto de Autonomía Presupuestaria y Autarquía Económica para el Poder Judicial puso a los jueces de la Suprema Corte bonaerense en el centro de la escena política. El reclamo hacia el gobierno de Axel Kicillof generó especulaciones y versiones sobre el estado de situación entre el Ejecutivo y los magistrados. 

El máximo tribunal volvió a poner en agenda dos exigencias de fondo: la cobertura urgente de las vacantes y la necesidad de tener autonomía para administrar sus propios recursos. Sus integrantes advirtieron que la Corte funciona con solo tres de los siete ministros que establece la ley, una situación que afecta el funcionamiento pleno del sistema judicial provincial.

Tanto Sergio Torres (presidente de la Corte) como Hilda Kogan y Daniel Soria, con el acompañamiento de Julio Conte Grand (Procurador General), reclamaron al Gobernador y al Senado que aceleren el proceso para designar a los cuatro miembros faltantes y también avanzar sobre las más de 200 vacantes que todavía siguen pendientes en distintos fueros. Desde la Corte señalaron que la falta de cobertura ya no es solo un problema administrativo, sino una debilidad institucional que condiciona la planificación y la capacidad de respuesta de la Justicia bonaerense.

La puesta en escena por parte de los cortesanos, con el acompañamiento de la familia judicial, expuso un clima enrarecido con Kicillof. Es que el cortocircuito se dio inmediatamente después de que Kogan dejara la presidencia y asumiera en su lugar Torres. Por ese motivo, las especulaciones al respecto comenzaron a emerger desde diferentes sectores. 

Hay voces que cuentan que la relación entre el Gobernador y la única jueza del máximo tribunal es más que buena y que se debe a un vínculo personal de cercanía por conocerse desde la infancia del primer mandatario. Sin embargo, ahora el contexto económico y político los desafía a superar un dilema que arrastra hace años la provincia de Buenos Aires. 

Diversas fuentes dieron a conocer a La Tecla que en el marco de la asunción de Torres como titular de la Corte se hicieron gestiones para tener una reunión con Kicillof. El pedido habría derivado en un encuentro entre el ministro de Economía, Pablo López, y los tres integrantes del máximo tribunal. La ausencia del Gobernador marcó otra diferencia entre los protagonistas.

Además, trascendió que el funcionario provincial les trazó un panorama complejo en términos económicos y que las cuentas lo obligaban a ejercitar la  imaginación para sostener funciones del Estado. De esta manera, también advirtió que el Poder Judicial no está exento de la realidad que atraviesan todas las áreas de la estructura administrativa y que la gestión de los recursos será con sumo cuidado.

El reclamo de los cortesanos retumbó en la Gobernación y se evidenció un marcado malestar en el Poder Ejecutivo, por lo que la respuesta que surgió no va en sintonía con el pedido. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, brindó su habitual conferencia de prensa y se refirió a la situación. Ante la consulta realizada por el planteo de la Corte, el funcionario respondió de manera escueta y tajante. "Es una prerrogativa, es una potestad del Gobernador, que la va a definir de acuerdo a los criterios de oportunidad, mérito y conveniencia”, dijo.

Como para calmar un poco las aguas, hubo una foto conjunta que buscó mostrar que la gestión continúa entre las prioridades. Torres junto a Conte Grand, los ministros de Seguridad y Salud, Javier Alonso y Nicolás Kreplak, y el presidente del CUCAIBA, Francisco Leone, firmaron un convenio de cooperación entre las instituciones para implementar el Protocolo de Actuación Integral en Procesos de Ablación de Órganos y/o Tejidos en Casos de Muerte Traumática para Trasplante.
 
En cuanto a las recursos económicos, para este 2026 el presupuesto asignado para el Poder Judicial es de un total de $1.755.396.177.000, pero $1.620.400.363.000 está destinado a salarios. Luego de algunas consultas realizadas por este medio, se supo que el Ejecutivo -al igual que hace con los distintos ministerios- le aprueba transferencias de recursos por goteo. 

La administración de los fondos que realiza el Gobierno central no termina de cerrar en la Justicia y se especula que quizás eso empujó la presentación del proyecto, que se trata de un reclamo histórico. En tanto, es una iniciativa de la que ya estaba enterado el Gobernador que iban a formalizar los jueces, ya que una semana antes conocían que Torres presentó una nota a la titular de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JUFEJUS), Emilia María Valle, para solicitar apoyo institucional. 

Para sumar otro elemento, que por cierto provocó suspicacias, luego del encuentro entre Pablo López y los ministros -del que no hay confirmación ni desmentida por parte del Gobierno- la Suprema Corte publicó una acordada para la modificación en el régimen de subcategorías salariales que alcanza a magistrados, funcionarios y agentes. La medida, que significa un incrementos salarial y fue festejada por los trabajadores judiciales, deberá ser abonada en junio. La incógnita que se abrió es si se trata de una decisión acordada con Axel Kicillof, en pleno retroceso salarial de los estatales, o si es un gesto de autonomía judicial. 



La Corte bonaerense sale a la cancha a jugar y tensiona a Axel Kicillof

A PARTIR DE MAYO
La acordada que implica un aumento en los salarios del Poder Judicial

La Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires aprobó una modificación en el régimen de subcategorías salariales que alcanza a magistrados, funcionarios y agentes del Poder Judicial bonaerense. La medida quedó formalizada mediante el Acuerdo 4225, registrado el 23 de abril, y redefine tanto los años requeridos como los porcentajes aplicables en cada tramo de antigüedad. 

El principal cambio consiste en la incorporación al sistema de quienes acrediten cinco años 
de antigüedad, que desde ahora pasarán a integrar la Subcategoría E, una franja que hasta el momento no estaba plenamente incluida en la escala. Esto otorgará un adicional del 10%, que comenzará a liquidarse con los haberes de mayo de 2026 y tendrá efecto retroactivo a abril

Además de esa incorporación, la Corte resolvió readecuar las subcategorías ya existentes para los distintos niveles de la escala jerárquica del Poder Judicial, estableciendo una nueva progresión salarial vinculada a la antigüedad acumulada. Según el anexo del acuerdo, el esquema quedó definido de la siguiente manera: Subcategoría E: desde los 5 años, adicional del 10%, Subcategoría D: desde los 10 años, adicional del 20%, Subcategoría C: desde los 15 años, adicional del 25%, Subcategoría B: desde los 20 años, adicional del 30%, Subcategoría A: desde los 25 años, adicional del 35%, Subcategoría A-1: desde los 30 años, adicional del 40%.

La novedad más significativa dentro de la reforma es precisamente la creación de la Subcategoría A-1, que introduce una diferenciación específica para quienes superen los treinta años de carrera judicial. Hasta ahora, el régimen llegaba a la letra A, pero la Corte consideró necesario establecer un reconocimiento superior para el tramo final de la trayectoria laboral dentro del Poder Judicial. 

El cronograma de implementación será escalonado: la Subcategoría E se aplicará con los salarios de mayo, las subcategorías D, C, B y A en junio, mientras que la nueva A-1 entrará en vigencia con los haberes de julio de 2026


AUTARQUÍA
La añorada autonomía que depende del Ejecutivo y Legislativo

La Suprema Corte de Justicia bonaerense presentó su proyecto para establecer la autonomía presupuestaria y la autarquía económico-financiera del Poder Judicial, con el objetivo de reforzar su independencia y terminar con la histórica intervención del Poder Ejecutivo en la definición de salarios y recursos.

La iniciativa sostiene que la dependencia actual de las leyes de presupuesto para fijar partidas y remuneraciones resulta incompatible con la autonomía que la Constitución nacional y provincial reconoce al Poder Judicial. En ese marco, propone que la propia Corte elabore cada año su presupuesto, con intervención previa del Ministerio Público, para incorporarlo como una sección autónoma dentro del Presupuesto General.

El esquema prevé una distribución inicial del presupuesto de un 65% para la Administración de Justicia y un 35% para el Ministerio Público, con revisión anual según litigiosidad, planta de personal y programas en ejecución. Además, suma nuevas fuentes de financiamiento: a las tasas y aranceles ya existentes se agregaría entre el 40% y el 50% de la rentabilidad de los depósitos judiciales del Banco Provincia, fondos que deberán destinarse a infraestructura, equipamiento y modernización tecnológica.

En materia salarial, plantea definir su propio escalafón y avanzar hacia una paridad progresiva con los sueldos promedio de la Justicia federal. Para eso propone un convenio con el Ejecutivo de hasta cinco años que permita recuperar al menos el 85% de la brecha salarial existente.

También crea un Fondo Fiduciario de Infraestructura e Innovación Tecnológica por 30 años, administrado por el Banco Provincia, para financiar obras, compra de inmuebles y transformación digital del sistema judicial. En tanto, la implementación total del régimen está prevista para el presupuesto 2028. 


La Corte bonaerense sale a la cancha a jugar y tensiona a Axel Kicillof


Las sillas vacías en áreas sensibles

Hilda Kogan, Daniel Soria y Sergio Torres son los tres ministros de una Corte que debiera tener siete. Asimismo, el quórum para las acordadas es cuatro y esto lleva a que deba completarse con miembros del Tribunal de Casación Penal. El primer subrogante es el presidente del mencionado estrado y le sigue el vice.

Además, en lo que refiere al ámbito judicial, hay dos vacantes más de peso: la del Subprocurador General y la del Defensor Adjunto del Tribunal de Casación, que también requieren acuerdo del Senado. La Subprocuración está vacía desde la renuncia, para acogerse al régimen jubilatorio, de Juan Ángel de Oliveira, que fue presentada a fines de 2022 y aceptada en mayo de 2024. Es un cargo de suma importancia, vitalicio, que además produce la cobertura de la Procuración General si esta llegara a quedar vacante.



A su vez, la Defensoría del Tribunal de Casación, de la que dependen los defensores oficiales, quedó sin titular el 19 de marzo de 2021, día que se produjo el fallecimiento de Mario Coriolano, quien ocupaba el cargo desde 1998. Otro lugar más para sumar a la lista.

No obstante, Torres recordó además que la Provincia logró reducir en parte el atraso en designaciones judiciales durante el último año. De hecho, ponderó el trabajo realizado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena, a la hora de elaborar los pliegos y avanzar con designaciones. 

“Todos recordamos la situación crítica que vivimos poco tiempo atrás cuando las vacantes alcanzaron el exorbitante número de 700, provocada por la ausencia de cobertura en todas las instancias y fueros. Esta problemática fue abordada por el trabajo mancomunado del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia y por el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires”, detalló.



POLÉMICA
El oficialismo en la Legislatura espera el llamado de los jueces

La presentación de los jueces de la Corte, encabezada por el presidente Sergio Torres, tuvo una gran concurrencia del ámbito judicial. Sin embargo, no fueron invitados miembros del Poder Ejecutivo ni Legislativo.

En cuanto a los presentes en la jornada en la que se conoció el proyecto de autarquía estuvieron representantes de colegios de magistrados y abogados departamentales, universidades, jueces del Tribunal de Casación Penal y otros órganos jurisdiccionales de la Provincia, funcionarios y agentes.

La Tecla consultó al bloque de diputados provinciales de Fuerza Patria y el presidente, Facundo Tignanelli, dio a conocer que no fueron convocados como así tampoco ningún miembro de la Legislatura. A su vez, aclaró que los dos legisladores que fueron -Martín Endere (PRO) y Germán Di Césare (FP)- asistieron por ser miembros del Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires. 

Asimismo, el legislador del oficialismo confirmó que tampoco les llegó de manera oficial el proyecto presentado públicamente y que sólo conocen lo que se registró a través de los medios de comunicación. Sin embargo, expresó que se encuentran abiertos a una posible 
convocatoria que hagan los jueces de la Corte
para tener detalles de la iniciativa.

En cuanto a otras repercusiones, las expectativas que se conocieron al respecto fueron de moderadas a bajas. “Es un proyecto muy ambicioso”, dijo uno de lo que participó del acto al dar su primera impresión sobre lo anunciado por los cortesanos. 

Del mismo modo, puso toda la atención en los acuerdos políticos con el Poder Ejecutivo para que luego se lleve al Legislativo. Por ese motivo, dejó la puerta abierta para pensar en un tratamiento que trascienda este año y se extienda en el tiempo.

Otras voces apuntaron a una especulación en torno a que será tarea del próximo gobierno abordarlo de lleno. Así, se configura un panorama más que incierto sobre el futuro del proyecto.

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