Empresarios bonaerenses presionan a Nación por las rutas y exigen reactivar obras clave para la producción
La Federación del Nucleamiento Empresarial del Noroeste Bonaerense llevó un duro informe a Vialidad Nacional por el deterioro de las rutas 5, 7, 33 y 188. Desde el organismo ratificaron que las obras de mayor envergadura dependerán de inversiones privadas, lo que profundizó la preocupación del sector productivo.
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La falta de inversión en la infraestructura vial volvió a generar tensión entre el Gobierno nacional y el sector productivo de la provincia de Buenos Aires. Empresarios del noroeste bonaerense reclamaron la reactivación de obras en rutas nacionales estratégicas para la producción y recibieron una respuesta que confirmó el rumbo adoptado por la administración de Javier Milei: no habrá grandes intervenciones con financiamiento estatal y las obras quedarán sujetas a futuros esquemas de concesión e inversión privada.
El planteo fue realizado por la Federación del Nucleamiento Empresarial del Noroeste Bonaerense durante una reunión con autoridades de Vialidad Nacional. La entidad entregó un informe técnico en el que advirtió sobre el deterioro de corredores fundamentales para la actividad económica, entre ellos las rutas nacionales 5, 7, 33 y 188, que atraviesan una de las principales regiones agroindustriales del país.
Según el documento presentado por los empresarios, el estado de esas vías afecta a 24 localidades y a más de 890.000 habitantes, además de incrementar los costos logísticos, complicar el transporte de la producción y elevar el riesgo de accidentes. El sector pidió definiciones sobre la continuidad de proyectos largamente reclamados, como la transformación en autovía de la Ruta Nacional 5.
La respuesta de Vialidad Nacional no llevó tranquilidad. Desde el organismo explicaron que, debido a la falta de financiamiento público, las tareas previstas estarán concentradas en el mantenimiento de la red existente. Las obras de mayor magnitud, en tanto, dependerán de futuros procesos de concesión y de la participación de capitales privados.
La definición confirma el cambio de criterio impulsado por la gestión de Milei respecto de la obra pública. Mientras el Gobierno sostiene que la inversión privada deberá asumir un rol central en el desarrollo de la infraestructura, distintos sectores productivos comenzaron a advertir que la ausencia de inversiones compromete la competitividad de las economías regionales y aumenta los problemas de seguridad vial.
El reclamo también vuelve a poner sobre la mesa una discusión que atraviesa a varias provincias. Gobernadores, intendentes y entidades empresarias vienen manifestando preocupación por el estado de las rutas nacionales, especialmente aquellas vinculadas con el transporte de cargas y la salida de la producción agropecuaria. En el caso del noroeste bonaerense, el pedido busca evitar que el deterioro de la infraestructura termine afectando la actividad económica de una de las zonas más dinámicas de la provincia.
Con este planteo, el conflicto por las rutas deja de ser un reclamo exclusivamente de los gobiernos provinciales y suma un nuevo actor de peso. El empresariado del interior bonaerense comenzó a exigir respuestas ante un escenario en el que el mantenimiento aparece como la única certeza y las grandes obras quedan condicionadas a la llegada de inversiones privadas que, por ahora, no tienen plazos definidos.
