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Una bomba llamada seguridad
La administración de los recursos públicos suma críticas y deja expuestas las dificultades de la gestión del intendente Julián Álvarez para justificar sus decisiones y gastos
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La política de seguridad de Lanús quedó nuevamente bajo la lupa por el manejo de los recursos públicos destinados al área. A las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas bonaerense en gastos de combustible durante 2024 se sumó un nuevo desembolso millonario para ampliar la flota municipal, en medio de cuestionamientos sobre los mecanismos de contratación y control.
Seguridad bajo la lupa en Lanús
🚔 La política de seguridad de Lanús vuelve a quedar bajo cuestionamientos por el manejo de los fondos públicos. El Tribunal de Cuentas observó gastos por más de $52 millones en combustible sin documentación suficiente y aplicó multas a… pic.twitter.com/XFZsGkMcIT
— Grupo La Tecla (@grupolatecla) August 13, 2026
En el fallo correspondiente a la última rendición, el organismo de control bonaerense aprobó los gastos del municipio correspondiente a 2024 pero marcó observaciones sobre el gasto de más de $52 millones en combustible destinados a vehículos municipales, entre ellos los utilizados por Seguridad Ciudadana. En el fallo se puntualizó que no se presentó documentación suficiente para determinar qué vehículo había cargado combustible, qué agente había realizado la carga ni quién había autorizado la operación.
El organismo también cuestionó que se efectuaran pagos sin contar previamente con las correspondientes solicitudes de pedido y órdenes de compra. Desde el municipio argumentaron que el abastecimiento era indispensable para mantener los patrulleros en circulación, en el marco de la emergencia en seguridad. Sin embargo, el Tribunal consideró que esa situación no justificaba apartarse de los procedimientos administrativos.
Las irregularidades derivaron en sanciones económicas. El secretario de Seguridad Ciudadana y Ordenamiento Urbano, Sebastián Castillo, fue multado con $300.000, mientras que el director general de Compras, Fernando Stamilla, recibió una multa de $350.000. El intendente Julián Álvarez también fue sancionado con $300.000 por otros incumplimientos detectados en la auditoría.
Este sentencia, llegó en medio del pedido de incorporación de 30 camionetas por unos $2.100 millones, mediante un esquema de leasing con la Provincia. La iniciativa generó cuestionamientos en el Concejo Deliberante ante la falta de precisiones sobre los vehículos, sus características y el mecanismo de contratación.
La oposición sostuvo que, según una comparación preliminar, el costo estimado de las unidades podría ubicarse por encima de los valores de mercado.
La incorporación de nuevos móviles fue justificada por la comuna como una herramienta para reforzar la prevención del delito, pero llegó después de que el órgano de control detectara falencias en la documentación y los procedimientos utilizados para financiar el funcionamiento de la flota.
El tema del manejo de recursos y la seguridad no es nuevo en el municipio y se enmarca en un fuerte cruce con la administración provincial, que respondió a los cuestionamientos que el propio intendente hizo en marzo. La Provincia dejó en claro que Lanús recibió 119 vehículos policiales y $2.391,3 millones correspondientes al Fondo de Seguridad, además de partidas para obras de infraestructura, entre ellas $336 millones para la red lumínica de Monte Chingolo y $137 millones para Villa Caraza.
El dato vuelve a poner el foco en una cuestión central: no sólo cuánto dinero se destina a Seguridad, sino cómo se administra y qué controles existen sobre cada peso gastado. Mientras tanto, el municipio destaca su lucha contra la inseguridad, al tiempo que crecen los cuestionamientos por el millonario gasto sin explicaciones.
Con el deporte
Un frente de batalla en otro ámbito
El Club El Porvenir, de Gerli, denunció penalmente al intendente de Lanús, Julián Álvarez, por “actos arbitrarios, discriminatorios y de abuso de poder”. La entidad acusó al jefe comunal de acceder a información confidencial interna, difundir acusaciones falsas para dañar su imagen y marginarlo sistemáticamente del programa municipal “Clubes en Marcha”, siendo la única institución del distrito excluida.
Además, reclamó el incumplimiento de un subsidio prometido tras el temporal de diciembre de 2023, anunciado en redes oficiales del municipio pero nunca entregado, dejando sin reparar los daños en las instalaciones. La denuncia incluyó cargos por abuso de autoridad, violación de secretos, calumnias, injurias, violencia institucional y discriminación.
El club rechazó cualquier intento de intervención política y llamó a socios y vecinos a defender su autonomía. El conflicto se originó tras una presentación de Álvarez ante Personas Jurídicas solicitando la intervención del club por presuntas irregularidades. Esto derivó en la suspensión temporal de la afiliación por parte de la AFA, hecho que se resolvió con el levantamiento de la medida cuestionada.
Patricia Werenicz - Concejal LLA
“Es una locura”: fuertes críticas por la compra de camionetas
La concejala de La Libertad Avanza Patricia Werenicza habló sobre la polémica por sobreprecios en equipamiento de seguridad y comentó: “Nosotros habíamos tenido, a principios de año, una reunión en la Secretaría de Seguridad y con el secretario del área, Sebastián Castillo. En ese momento nos había dicho que en Lanús prácticamente no había inseguridad, que estaba todo perfecto y que estaba funcionando bárbaro. Después, cuatro meses más tarde, nos presentaron en el Concejo un proyecto en el que se iban a gastar 2.100 millones de pesos en la compra de 30 camionetas”.
En esta línea también dejó en claro que “no había ninguna especificación, no se llamó a ninguna licitación, no se detallaba qué camionetas se iban a comprar ni si iban a estar blindadas. No había ningún tipo de detalle. Lo único que se establecía era que se trataba de una especie de leasing con la Provincia y que, más o menos, cada móvil iba a costar entre 70 y 80 millones de pesos”.
Respecto al tema de los valores, Werenicza cuestionó: “Nos encontramos con un proyecto que no tenía ninguna especificación. Cuando empezamos a averiguar, a grandes rasgos, el valor de estas camionetas, porque tampoco está especificado qué modelo era, vimos que estaban alrededor de 20 millones de pesos por encima del valor de mercado”.
Finalmente, subrayó que “lo único que presentaba el proyecto era el convenio con la Provincia, la plata que se iba a gastar y la cantidad de móviles que se iban a comprar. Nada más. Nosotros pedimos información y solicitamos que el proyecto siguiera tratándose en las comisiones para que nos llegara toda la documentación. Pero, como acá el kirchnerismo tiene mayoría y sacan todo como si esto fuera una escribanía, no nos dan lugar a discutir. Tampoco nos permiten pedir que el proyecto siga en comisión para estudiarlo. Así como entran los proyectos del Ejecutivo, se aprueban, sin siquiera poder analizarlos”.
Bajo la lupa del Tribunal de Cuentas
Multas por irregularidades en gastos en seguridad y combustible
El Tribunal de Cuentas aprobó la rendición de de los números de Lanús correspondientes a 2024, pero detectó irregularidades administrativas y aplicó sanciones a funcionarios de la gestión del intendente Julián Álvarez.
Uno de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con los
gastos de combustible de la flota municipal, incluidos los vehículos de Seguridad Ciudadana. El organismo auditó compras realizadas a YPF y AL.SA.GA SRL y detectó operaciones por más de $52 millones sin documentación suficiente para identificar qué vehículo había cargado combustible, qué agente realizó la carga y quién la autorizó.
También cuestionó pagos efectuados sin contar previamente con las solicitudes de pedido y órdenes de compra correspondientes. Desde el municipio argumentaron que el abastecimiento era indispensable para mantener los patrulleros en circulación, en el marco de la emergencia en seguridad. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas consideró que esa situación no justificaba apartarse de los procedimientos establecidos.
Por estas irregularidades, el secretario de Seguridad, Sebastián Castillo, fue multado con $300.000, mientras que el director general de Compras, Fernando Stamilla, recibió una sanción de $350.000. Álvarez también fue multado con $300.000 por otros incumplimientos detectados durante la auditoría.
El fallo, además, observó contrataciones directas por $375 millones para pintura en establecimientos educativos y por $87,6 millones para módulos destinados a ferias, por deficiencias en la planificación y documentación.
Pese a las observaciones, el Tribunal aprobó por unanimidad la rendición de Lanús, aunque aplicó multas, amonestaciones y llamados de atención. Estas observaciones pusieron bajo la lupa el manejo de los fondos públicos y los controles sobre los gastos en seguridad.
Seguridad bajo la lupa en Lanús
🚔 La política de seguridad de Lanús vuelve a quedar bajo cuestionamientos por el manejo de los fondos públicos. El Tribunal de Cuentas observó gastos por más de $52 millones en combustible sin documentación suficiente y aplicó multas a… pic.twitter.com/XFZsGkMcIT