Un proyecto de ley de la Coalición Cívica propone regularizar las fotomultas en la Provincia, con mayores requisitos para la instalación de radares y mejores advertencias para los automovilistas.

Buscan ponerle un freno al anárquico control de velocidad en los municipios

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“Basta de radares tramposos. Los controles tienen que prevenir, no recaudar”, dijo el presidente del bloque de diputados de la Coalición Cívica, Andrés De Leo, para fundamentar la presentación de un proyecto de ley que busca ponerle un marco legal al festival de instalación cinemómetros por parte de los gobiernos locales, sin otra intención que la de aumentar su propia recaudación.

Los radares de velocidad se han convertido prácticamente en una tasa extra para los municipios, que mediante multas caras ven engrosar sus cuentas municipales. Los radares son necesarios en muchas ocasiones, pero no todos respetan ciertos requisitos y se convierten en verdaderos “cazabobos” que no tienen otro fin que el recaudatorio.
La intención de la bancada lilita es modificar el régimen de instalación y funcionamiento de cinemómetros y otros dispositivos de control de tránsito en la provincia de Buenos Aires y propone que sean anuladas las infracciones labradas por radares que no cumplan con la normativa.

La iniciativa busca que las fotomultas tengan una finalidad estrictamente preventiva y estén respaldadas por criterios técnicos, controles periódicos y mayor transparencia.
El proyecto propone modificar la Ley 13.927 para establecer requisitos precisos para la instalación de radares y otros sistemas de fiscalización de infracciones de tránsito, tanto en zonas urbanas como rurales.

Además, se insta a reforzar los controles sobre el funcionamiento de los equipos, que deberán contar con la correspondiente homologación y tendrán que someterse a verificaciones metrológicas y técnicas con una periodicidad máxima de seis meses. La autoridad de aplicación deberá mantener actualizado un registro público con la ubicación de los radares, número de serie, autorización de emplazamiento y certificaciones vigentes.

Otro de los ejes centrales es la señalización obligatoria. Los controles de velocidad deberán estar advertidos con cartelería visible y uniforme, ubicada al menos 500 metros antes del punto de medición. También tendrá que estar claramente indicado el límite de velocidad vigente y, cuando corresponda, las reducciones deberán realizarse de manera gradual y progresiva.

A su vez, se plantea que el incumplimiento de las pautas obligatorias de señalización establecidas por la normativa genere la nulidad de las actas y fotomultas correspondientes. El proyecto también otorga un plazo de 90 días a la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial para adecuar los cinemómetros existentes a las nuevas exigencias.

“Los controles de velocidad son necesarios, pero deben funcionar como verdaderos instrumentos de prevención. La tecnología tiene que estar al servicio de la seguridad vial, con reglas claras, transparencia y controles que permitan garantizar que cada radar esté donde realmente hace falta”, subrayó el presidente de la bancada de la Coalición Cívica en la Cámara baja.

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