Diputados salió al cruce de la justicia y negó encubrir información del caso “Chocolate”
La Cámara baja emitió un comunicado donde respondió a la denuncia presentada por el juez de Garantías Guillermo Atencio y defendió la legalidad del archivo de expedientes. Además, aseguró que las actuaciones cuestionadas no correspondían a la causa de Julio “Chocolate” Rigau, sino a otro expediente judicial. Firmaron todos los bloques, con excepción del bloque Hechos y el Frente de Izquierda.
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires difundió un comunicado en el que rechazó los cuestionamientos formulados por el juez de Garantías Guillermo Atencio, quien el pasado 25 de septiembre denunció a autoridades del cuerpo legislativo por un presunto encubrimiento en el marco de las actuaciones vinculadas al caso “Chocolate” Rigau.
Desde la Legislatura bonaerense sostuvieron que el cuerpo actuó dentro de las normas vigentes y colaboró con la Justicia, al tiempo que remarcaron que la decisión de archivar determinados expedientes había sido tomada antes de que ingresara el requerimiento judicial cuestionado.
Según explicaron las autoridades de Diputados, el mecanismo de archivo de expedientes está contemplado en el reglamento de la Cámara desde 2002 y la decisión fue aprobada por más de dos tercios de los legisladores el 28 de mayo de 2026. El pedido de información de la Justicia, en tanto, ingresó a la Cámara recién el 19 de agosto.
Con ese argumento, la conducción de la HCD rechazó que haya existido una maniobra para ocultar documentación. También destacó que la votación fue pública, se realizó en una sesión transmitida en vivo y que su registro permanece disponible en la propia Cámara.
El documento lleva las firmas de todos los bloques, con excepción del bloque Hechos y el Frente de Izquierda. Pusieron el gancho el presidente de la Cámara, Alejandro Dichiara, el vicepresidente primero Alexis Guerrera, los vices Agustín Forchieri (PRO), Agustín Romo (LLA); Mariano Cascallares (UP); Blanca Alessi (UYL) y Matías Civale (UCR-Cambio Federal).
También firmaron los presidentes de todos los bloques de la Cámara Baja: Facundo Tignanelli (UP); Juan Esteban Osaba (LLA); Alejandro Rabinovich (PRO); Martín Rozas (UYL); Diego Garciarena (UCR-Cambio Federal); Alejandra Lordén (UCR); Gustavo Cuervo (Nuevos Aires); Andrés De Leo (CC) y Juan José Esper Zamar (Derecha Popular). La Cámara marcó una diferencia clave
Uno de los principales argumentos esgrimidos por Diputados apunta a diferenciar los expedientes involucrados. De acuerdo con la documentación analizada por la Cámara, las actuaciones a las que hizo referencia el requerimiento judicial no estaban vinculadas directamente con la causa que investiga a Julio Rigau, sino con otro expediente, identificado como la causa Rodríguez.
En ese sentido, la HCD señaló que se trata de actuaciones que deben ser examinadas por separado y de acuerdo con cada expediente judicial.
Además, recordó que en la causa que involucra a Rigau la Cámara sí aportó información solicitada por la Justicia y sostuvo que esa investigación avanzó hasta encontrarse elevada a juicio, con personas privadas de su libertad. Para las autoridades legislativas, estos antecedentes contradicen la hipótesis de que haya existido una conducta institucional orientada a frenar la investigación.
Defensa de los fueros legislativos
El comunicado también puso el foco en las garantías constitucionales que protegen la actividad parlamentaria. La Cámara cuestionó que se pretenda responsabilizar penalmente a legisladores por los votos emitidos durante el ejercicio de sus funciones.
En particular, invocó el artículo 96 de la Constitución bonaerense, que establece la protección de las opiniones y votos de los integrantes de ambas Cámaras cuando actúan en sus cargos.
Desde Diputados remarcaron que la decisión de archivar los expedientes no fue solamente administrativa, sino que posteriormente fue convalidada mediante una votación del cuerpo legislativo, de acuerdo con el procedimiento previsto.
Cruce institucional por la división de poderes
La respuesta de la Legislatura también adquiere un tono institucional al referirse a la relación entre la Justicia y el Poder Legislativo.
En el comunicado, las autoridades de la Cámara plantearon que la división de poderes implica mecanismos de control entre las distintas instituciones del Estado, pero que esas herramientas deben ejercerse dentro de los límites establecidos por la Constitución.
Al mismo tiempo, señalaron que ningún poder debería utilizar sus atribuciones para impedir investigaciones legítimas ni para condicionar el funcionamiento de otro. El planteo apunta a defender simultáneamente la independencia judicial y la autonomía del Poder Legislativo.
Por último, la Cámara sostuvo que la denuncia de Atencio debe ser analizada dentro de una perspectiva más amplia. Según señalaron sus autoridades, a lo largo de la historia hubo distintas causas judiciales relacionadas con hechos ocurridos en el ámbito legislativo y todas ellas avanzaron hasta llegar a una sentencia.
Con ese antecedente, la HCD buscó despegar su funcionamiento institucional de cualquier intento de obstaculizar el accionar judicial y reivindicó la actuación de sus autoridades frente a la controversia desatada por la denuncia del magistrado.
