15 de diciembre de 2011
DIEZ HORAS DE ACUARTELAMIENTO
Un día largo, marcado por la tensión interior
El acuartelamiento iniciado por la Infantería en La Plata mantuvo en vilo al gobierno bonaerense, que recibió críticas desde todos los sectores. Casal, otra vez en la mira. El papel del juez Melazo. El primero de los episodios de lo que muchos creen será una convivencia difícil
Las desgracias para el gobierno bonaerense saltaron el martes 13 y aparecieron el miércoles 14, cuando a primera hora de la mañana, uniformados de Infantería de La Plata se acuartelaron en el edificio de la departamental capitalina, ubicado en la intersección de las avenidas 1 y 60.
Mientras tanto, el Ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense anunciaba la nueva estructura de esa cartera, que cuenta con dos Subsecretarios que ejercerán un control civil sobre la policía que comanda Hugo Matzkin: César Albarracín y Emiliano Baloira.
La medida se leyó en clave de la relación con el Gobierno Federal, que mediante la ministra de Seguridad Nilda Garré, había reclamado un cambio en las políticas bonaerenses en la materia.
"Asistirán a este Ministro en el control funcional, operativo e investigativo de las policías", explicaba Casal sobre las tareas del Subsecretario de Política Criminal e Investigaciones Judiciales César Albarracín, y el Subsecretario Operativo, Emiliano Baloira.
"Su labor será idear las estrategias necesarias para que la presencia policial resulte tan visible como disuasiva", explicó Casal.
Vale aclarar que el anuncio se hacía horas después de que el ministro participara en la celebración por el Día de la Policía, donde había declarado que el violento hecho acaecido en la Legislatura "ha provocado el enojo fundado del Gobernador, puesto que se ha desoído claramente su mandato, que es que la fuerza pública está para prevenir y acorralar el delito y no para impedir la expresión política de la militancia".
Casal asistió a ese acto –al que habitualmente concurría el propio Gobernador Daniel Scioli- y, curiosamente, destacó antes los uniformados que “la militancia política fortalece la democracia”, apenas un día después de la batahola que armaron entre policías y militantes de la Juventud Peronista y La Cámpora.
Uniformados en lucha
Luego de los hechos sucedidos el lunes mientras se desarrollaba la ceremonia de la jura, el gobernador Scioli decidió apartar a seis de los efectivos que participaron de la represión a los militantes que querían ingresar al recinto y dispuso que se iniciara un expediente en Asuntos Internos.
Además, existe una causa penal, ya que dos de los manifestantes resultaron heridos en la batahola. Ello disparó la reacción de los compañeros de los desafectados, que pronto recabaron el apoyo de otras fuerzas, como Caballería, y en otros distritos, como Morón, aunque luego Casal desmintiera por televisión que hubiera réplicas del acuartelamiento.
Allí, el funcionario aprovechó para exhortar a los díscolos a que abandonaran su posición y dejaran que avance la investigación sobre sus pares.
Sin embargo, los efectivos no dieron el brazo a torcer y pusieron como condición del cese del reclamo que se reincorpore inmediatamente a sus seis compañeros desafectados.
Al unísono, Alberto Pérez y Ricardo Casal aseveraron que la gestión que comanada Scioli y el propio gobernador no iba “a tolerar presiones, extorsiones ni condicionamientos”, por lo que cerraron filas en torno a la posición intransigente del gobernador.
Tal es así que, según dijo el ministro Casal en la misma nota televisiva, no existía negociación con los uniformados en manifestación, ya que el Gobierno estaba actuando en “el marco institucional” y no habría discusión porque “no es una cuestión de paritarias” lo que está en debate.
Es aquí donde, según relataron los miembros de la fuerza acuartelados en La Plata, el juez de Garantías César Melazo hizo su aparición de oficio para mediar entre los efectivos y el Gobierno provincial.
Melazo intercedió ante los uniformados para calmar los ánimos y refrendar las promesas de la inexistencia de remociones o sanciones a quienes participan de la protesta.
En su cuenta de twitter, el magistrado escribió “Dignidad para los trabajadores” y opinó que “sería una buena oportunidad para que se sinceren las responsabilidades de los jefes”.
En un último tweet al respecto, se preguntó: “qué pasó con la seguridad privada de la Cámara y los que debieron preveer?”, dejando en claro que las dudas rondan las internas propias al peronismo bonaerense.
Quien lo explicitó fue el diputado nacional opositor Francisco De Narváez, quien pidió que "el gobernador Daniel Scioli y el vicegobernador Gabriel Mariotto resuelvan sus evidentes diferencias sin dañar a la institución policial que cumplió con su deber y las órdenes recibidas".
En ello radica el temor de muchos, sobre todos de aquellos que vieron la intempestiva salida de Mariotto el lunes, cuando se enteró de los hechos con los muchachos de la JP: que éste sea solo un primer episodio de la puesta en escena de las diferencias internas entre el sciolismo y cristinismo, encarnado en la figura del vicegobernador.
Por su parte, Jaime Linares aseguró Scioli “no duda en utilizarla –a la policía bonaerense- para dirimir sus cuestiones de política interna dentro del Frente Para La Victoria”, mientras que desde los bloques legislativos de la Coalición Cívica y Nuevo Encuentro se pedía la renuncia de Ricardo Casal a su cargo apenas dos días después de reasumirlo.
Diez horas después de la medida, los seis desfactados optaron por pedirles a sus compañeros que abandonaran temporalmente la medida para que ellos pudieran prestar decalarción ante Asuntos Internos.