23 de diciembre de 2011
TRAS SU SANCIÓN
Variadas y duras críticas a la Ley Antiterrorista
Desde vastos sectores opositores y otros ámbitos se conocieron duras críticas a la ley que el Congreso sancionó esta semana. "El GAFI recomendó que esta ley se transforme en obligatoria, pero en algún momento puede ser utilizada por alguien contra la protesta social o contra los sindicatos. En el país no necesitamos esta ley antiterrorismo", sostuvo el juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni
Tras la sanción de la ley Antiterrorista por el Congreso nacional, tal como lo impulsó el oficialismo kirchnerista, se conocieron críticas de todos los orígenes y colores a la nueva ley.
El juez de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni opinó sobre la ley antiterrorismo sancionada este jueves por el Congreso en base a una reclamo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que persigue el lavado de activos y a quienes financien al terrorismo. "Es una extorsión que nos hace el organismo GAFI, de segunda categoría, que se atribuye más derechos que las Naciones Unidas. El GAFI recomendó que esta ley se transforme en obligatoria, pero en algún momento puede ser utilizada por alguien contra la protesta social o contra los sindicatos. En el país no necesitamos esta ley antiterrorismo", sostuvo Zaffaroni.
La norma, que fue sancionada este jueves en el Senado, considera como delito de terrorismo los actos "que sean cometidos con la finalidad de aterrorizar a la población u obligue al Gobierno nacional o extranjeros a realizar un acto o abstenerse de hacerlo". La ley antiterrorista "es un disparate", sentenció Zaffaroni y reiteró que el GAFI "nos extorsiona de modo que si no sacamos esas leyes nos va a sancionar económicamente". El ministro del Máximo Tribunal fue aún más crítico al sostener que "este organismo se ocupa solamente de garantizar que el lavado de dinero se haga en el hemisferio norte".
La titular del Gen, Margarita Stolbizer, renovó sus críticas a la ley sancionada este jueves por el Congreso para combatir el financiamiento al terrorismo y afirmó que “lo único que genera el Gobierno es concentrar poder para perseguir a quienes piensan distinto”. “La norma considera como acto de terrorismo que se busque que el Gobierno tome alguna decisión, lo cual es el objetivo de todos los reclamos sociales, que podrían quedar encuadrados en esta ley y recibir el doble de pena por cualquier daño menor que pudiera suceder durante la manifestación”, argumentó la diputada del interbloque Frente Amplio Progresista.
Sotolbizer ironizó: “Venden espejitos de colores”. “Esto es una falta de respeto que no se debería permitir. Por supuesto que lo que dice es el pensamiento de Cristina. Esto termina siendo una cuestión penal ambigua. Mañana me pongo una careta de Halloween y tengo el doble de pena. La intención es de genera terror en la población”, dijo. Durante las últimas sesiones del año, enumeró Stolbizer, “hicimos una crítica muy fuerte a la agenda del Gobierno”. “Hay que discutir una tarifa social. (La Ley Antiterrorista) es una mala agenda para un Gobierno que comienza. Se ve la intencionalidad del Gobierno. Esta es la política con la que inicia el Gobierno de Cristina. Es una herramienta mentirosa”, acotó sobre la ley que pedía el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Ricardo Gil Lavedra, presidente del bloque de diputados nacionales de la Unión Cívica Radical, sostuvo que las declaraciones del titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, según las cuales la flamante ley antiterrorista también alcanzará a los medios de comunicación, si dan un golpe de mercado, "desnudan la verdadera intención del oficialismo: tener un marco legal para condicionar a todos en la difusión de noticias económicas que no se adecuen al relato oficial".
“Con esta ley -agregó Gil Lavedra- cualquier noticia que el Gobierno entienda que alarma a la sociedad puede ser considerada terrorista. La vaguedad de su formulación viola todos los criterios del derecho penal liberal, ya que deja en manos de los jueces federales (muchos de ellos fundadamente sospechados de subordinación al poder político) una extrema discrecionalidad, que hará que en la práctica no juzguen según la ley general, sino creen en cada caso una ley particular". Para Gil Lavedra, "la ley antiterrorista no es un dato aislado, sino un engranaje más en el cerco a quienes que no se adaptan al relato hegemónico del Poder Ejecutivo Nacional, al que se le impuso inusitada velocidad desde el inicio de un nuevo mandato del partido gobernante, demostrando en los hechos que las bellas palabras conciliatorias pronunciadas ocasionalmente desde el vértice del poder no son sinceras”.
El premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel expresó a través de un comunicado que “el gobierno apura la sanción de leyes después de volver a asumir un nuevo mandato”. “La urgencia con que aprobó la ley anti-terrorista y anti- democrática tiene que ver con las imposiciones de los EE.UU. y el GAFI para asegurar sus inversiones financieras y el control de los movimientos sociales, indígenas, campesinos, trabajadores y estudiantiles”, sostuvo.
También consideró que “el proyecto de ley adolece de claridad y puede ser usado para impedir los reclamos sociales. Me parece semejante a las leyes de impunidad durante el gobierno de Alfonsín, de ‘punto final y obediencia debida’ que votaron los legisladores sin pestañear”. Asimismo el Pérez Esquivel aseguró: “Hoy volvemos a los mismos vicios y con un gobierno con mayoría absoluta parlamentaria que van a votar con ‘obediencia ciega’”. “En el proyecto de ley no se dice una palabra sobre el ‘terrorismo económico’”, expresó y añadió que “no clarifica quien o quienes son terroristas, cuales son los parámetros para determinar los que atentan contra la seguridad del pueblo”.
A su vez estimó que “si se aprueba la ley, pueden ser acusados los indígenas que luchan por su derecho a sus territorios. Los obreros cuando reclamen sus derechos laborales, es decir es una ley que viola los derechos humanos de la persona y los pueblos”. En este sentido se preguntó: “¿por qué tanto apuro sin consultar a las organizaciones sociales y a juristas para evaluar la conveniencia de esta ley más anti-terrorista? Se han sancionado tres leyes antiterroristas, ¿hasta cuándo?”.
“Creemos que, más que aprobar leyes antidemocráticas, es necesario aplicar las leyes vigentes, fortalecer la seguridad de la población y capacitar adecuadamente a las fuerzas de seguridad y su formación, como disponer del equipamiento necesario”, recomendó y concluyó: “En síntesis, generar medidas preventivas y no aplicar medidas represivas”. Para él “hay una tendencia cada vez mayor, incluso en países como EEUU y Europa de ir restringiendo los derechos civiles y aplicando el control social y punitivo”. Finalmente alertó que “los mecanismos impuestos son el miedo; en nombre de la seguridad se restringe la seguridad ciudadana. Es necesario estar alerta frente al avasallamiento de la libertad de los pueblos y que no nos arrastren a los totalitarismos”.