21 de julio de 2012
EL JUEGO EN BUENOS AIRES
Polémica licitación de la captura de datos
El 31 de diciembre vence el contrato con la empresa Boldt. Por primera vez se abre un llamado público internacional. Aseguran que el kirchnerismo presta mucha atención a este tema, y apoyó un pedido de informes de la oposición
Por primera vez desde 1993 -cuando el por entonces gobernador Eduardo Duhalde abrió la puerta mediante una contratación directa-, el gobierno de la Provincia convoca a una licitación pública internacional para el servicio integral de captura de datos en línea y tiempo real de las apuestas centralizadas por la Lotería de la provincia de Buenos Aires.
Desde aquellos tiempos, la empresa Boldt es la prestataria del servicio que permite la captura de todos los datos online de los juegos de azar oficiales. La renovación fue siempre por contratación directa, con la excusa de que la mencionada compañía era la única con capacidad operativa para realizar el trabajo.
Pero ahora se abre una licitación, y detrás del llamado se tejen conjeturas que van más allá de la prestación de un servicio y se relacionan con la puja política en la cual se encuentra inmerso el oficialismo. La decisión del Ejecutivo de Daniel Scioli sobre quien se quede con un negocio de más de 7.500 millones de pesos en diez años puede ser un gesto político a favor de las amistades del Gobierno o una declaración de guerra.
A saber: serían dos las empresas con capacidad para cumplir con las exigencias del pliego, cuyo valor es de 250.000 pesos. Una es, precisamente, Boldt Gaming S.A. (de la familia Tabanelli), y la otra es Tecno Action (que también suele llamarse Tecno Acción), perteneciente al empresario kirchnerista Cristóbal López.
“Los rumores que indicaban que el Gobierno nacional estaba condicionando a Scioli para que le quite este negocio a Boldt (firma enfrentada al kirchnerismo en el escándalo del Boudougate), a cambio de la asistencia financiera que requiere la Provincia, parecen ser ciertos. Así se mantiene y se profundiza esta lógica nefasta que armó el gobierno duhaldista en los ´90, cuando permitió que empresas privadas sean regentes del negocio del juego en la Provincia”, afirmó Walter Martello, diputado de la Coalición Cívica.
Martello es el autor de un pedido de informes aprobado en la última sesión de la cámara Baja, por el que se solicita al Ejecutivo que dé a conocer si se ha procedido a “no renovar el contrato suscripto en su oportunidad con la empresa Boldt Gaming S.A.”; pide que se informe “si el llamado a Licipatción Pública que determina el decreto 362/12 obedece a dicha situación”; que “indique cuáles han sido las especificaciones jurídico económicas para determinar el justiprecio de $ 7.500 millones…” y requiere “copia de los pliegos de licitación”.
La Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 04/12 fue requerida mediante decreto el 23 de mayo. Por esas mismas horas se destrabó la ley Impositiva bonaerense, con el revalúo de las tierras rurales por decreto, cuya previa fue la primera batalla fuerte entre el kirchnerismo y el sciolismo.
Vencimiento y competencia
El contrato vigente con la empresa Boldt, que en 2009 había sido prorrogado por tres años mediante contratación directa por la actual gestión provincial, vence el próximo 31 de diciembre. La apertura de sobres de la licitación se abrirá el 21 de agosto, y allí se develará el misterio. Martello aseguró que una de las razones de llevar adelante el pedido de informes es “conocer los pliegos, para saber si no están armados con el objeto de beneficiar a una sola empresa”.
Lo cierto es que si el ganador es Cristóbal, Scioli evitará un nuevo conflicto en la ya partida relación con la Casa Rosada. Hay quienes hablan de gestos. Por el contrario, si la ganadora vuelve a ser Boldt, el Gobernador tendría otra vez sobre su cabeza las inquisidoras miradas kirchneristas, pues la prestataria es una de las empresas menos queridas por la Presidenta y, sobre todo, por el vicepresidente.
Cristóbal López adquirió a fines de 2007 la firma Tecno Action, una empresa de servicios que desde 1991 ha demostrado su capacidad de acción con proyectos para la administración automatizada de apuestas, la gestión de redes de transporte (el Sistema Electrónico de Expendio de Pasajes y el Sistema Posicionador Satelital) y el control de estacionamiento en la vía pública. Este es el plafón que podría utilizar para quedarse con el negocio de la captación de apuestas en la Provincia.
En ese sentido, cabe destacar que en 2010 Tecno Action desbancó a la sociedad conformada por Boldt y Gtech del negocio de captación de apuestas de Lotería nacional. Esta firma también presta servicios en Tierra del Fuego, Río Negro, Neuquén, La Pampa, La Rioja, Catamarca, Salta, Santiago del Estero, Corrientes y Jujuy.
Martello señaló que “este esquema de negocios, desde 1999, incluye la instalación y mantenimiento del servicio en los 3.500 locales habilitados, lo que le permitió a Boldt quedarse con una participación de utilidades similar a la del propio Estado, en los recursos provenientes del juego de quiniela, lo que resulta impensable en otras latitudes del mundo”.
“Este contrato garantiza el 8% de las utilidades brutas sobre lo obtenido por la quiniela, que en casi ningún país supera el 2%. Esto es casi el 50% de la utilidad que queda para el Estado, que recibe el 12%. El otro 56% vuelve en premios y el 15 % restante es para los agencieros”, explicó el legislador.
Respecto del contrato por diez años (con posibilidades de extenderlo a dos más) que firmará la Provincia para el control del sistema online de sus juegos, Martello afirmó que “equivale a más de la mitad del déficit que tiene la Provincia, que asciende a 13.500 millones, y representa cinco veces lo que la Provincia pretende recaudar con el último impuestazo”.
“El pedido de informes pasó casi inadvertido en su momento, pero el monto que se pagará por ese servicio interesa mucho en el Gobierno nacional, sobre todo en quién se va a quedar con esa torta, que en diez años es de 7.637.951.658 pesos; es decir, más de 763 millones por año”, contó a La Tecla una fuente de la cámara Baja vinculada al oficialismo.