17 de abril de 2015
INVESTIGACIóN JUDICIAL
Pista exterior en la causa Acuña
La causa contra Luis Acuña y su familia por el presunto delito de lavado de dinero y evasión, se amplía. Se enviaron exhortos a Uruguay y Brasil ante la sospecha de que tienen propiedades en esos países
“Estamos tranquilos”, respondió escuetamente la diputada nacional massista María Azucena Ehcosor de Acuña al ser consultada por la denuncia que involucra a su familia. La contestación sorprende, teniendo en cuenta la gravedad del caso.
El intendente de Hurlingham, Luis Acuña, su esposa, hijos e hijos políticos están bajo la lupa de la Justicia por presunto lavado de activos y evasión fiscal. Además, ahora se libraron exhortos internacionales para que se investigue si los imputados tienen bienes muebles o inmuebles a su nombre.
Silvana Varela es autora, junto a Gonzalo Ucha, del informe periodístico que derivó en una investigación judicial sobre el crecimiento patrimonial de la familia Acuña. Luego de que la presentación tomó notoriedad pública, la periodista fue amenazada de muerte por alguien que telefónicamente le advirtió: “No te metas más con Acuña”.
La investigación periodística vio la luz el 29 de abril de 2014, “a pesar de que el material estaba listo en octubre del 2013, pero no quisimos meternos en el medio de la campaña política y que se tergiversara la finalidad de la nota”. En la publicación se daba cuenta de un sospechoso incremento patrimonial del grupo familiar, que sería socio de una firma denominada FASIEM SRL.
El informe derivó en una presentación ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) por parte del abogado Jorge Javier Cancio, en agosto de 2014.
Meses después, el 10 de noviembre, el Area Operativa de Delitos Tributarios y Contra-bando de la Procelac, a cargo de Juan Zoni, solicitó una serie de medidas de investigación contra la familia del intendente de Hurlingham, para indagar si se cometió el delito de evasión. La denuncia incluyó a su esposa, María Azucena Ehcosor, y a sus tres hijos: Fabrizio, María Silvina y Emiliano.
Los hechos
En la causa, radicada ante el Juzgado Federal Nº1 de Morón, se determinó que desde el momento en que Luis Acuña asumió como intendente, en el año 2001, se verificó un dudoso incremento patrimonial respecto de sus bienes, como así también de su esposa e hijos, quienes integran la mencionada firma, aparentemente (segun la denuncia) utilizada como fachada para eludir el pago de impuestos de una serie de bienes.
Desde la Procelac se dispuso la apertura de una investigación con el objetivo de acreditar o descartar los hechos denunciados, y se procedió a realizar un análisis patrimonial de FASIEM SRL, de todas las personas físicas mencionadas y de aquellas con las que tuvieran vínculos comerciales.
Las autoridades pudieron constatar que la empresa tenía domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que había declarado como actividad principal “construcción, reforma y reparación de edificios residenciales”. Además se comprobó que estaba constituida por los hijos del intendente y su mujer, aunque la inscripción de la ahora diputada nacional por el Frente Renovador era irregular, porque indicó que su estado civil era “soltera”, y además era erróneo uno de los números del DNI.
FASIEM SRL, según los movimientos económicos, dio pérdidas desde el momento de su constitución, pero continuó operando. En este sentido, Procelac corroboró que entre el intendente, su esposa y sus hijos tienen siete automóviles, algunos de alta gama, y ocho inmuebles. Todo esto sin contar los que aportaban sus respectivos cónyuges.
Ante estos activos alrededor de la familia, el área a cargo de Zoni concluyó que correspondía iniciarse una investigación judicial sobre la actividad comercial de la firma FASIEM SRL, porque “se encuentra cuestionada su capacidad económica para adquirir la gran cantidad de bienes que posee registrados a su nombre”.
Con esa investigación se busca determinar si se está “ante personas físicas que disminuyen fraudulentamente su capacidad contributiva, ocultando bienes a través de una persona jurídica o que, como responsables de la persona jurídica, realicen maniobras tendientes a evadir el pago de los impuestos originados en el desarrollos de la actividad comercial de FASIEM SRL”.
Por último, más allá de la investigación por evasión tributaria, también entendieron que era necesario analizar “si la operatoria desplegada por las personas mencionadas no responde a una de las etapas del proceso de lavado de capitales de origen delictivo”. En este sentido, advirtieron “la relación directa o indirecta que poseen estas personas con cargos y funciones en la municipalidad de Hurlingham u otros cargos públicos, lo que requiere una lupa aún mayor sobre las conductas comerciales e impositivas de estos sujetos”.
Tras la presentación, el 25 de marzo la Justicia imputó al jefe comunal, a su esposa, a los hijos de ambos y a los cónyuges de éstos, Analía Joaquín y Matías Liotta, “por evasión de impuestos, ocultamiento de bienes al fisco nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Además, el juez federal subrogante de Morón, Juan Pablo Salas, libró oficios a la Justicia de Brasil y Uruguay para “profundizar la investigación” y “corroborar la existencia de bienes muebles o inmuebles” en esos países. Salas intenta saber si esos bienes fueron ocultados al fisco, eludiendo el pago de los impuestos correspondientes.
Hasta ahora, la claridad de la denuncia inicial ha motorizado no sólo la imputación de los Acuña, sino también que se profundice la investigación. Ante este escenario, el llamado a indagatoria de los implicados sería el próximo paso.