20 de febrero de 2016
LEGISLATURA
Polémica: El Frente Renovador propone legalizar los cercos eléctricos en las casas
El Diputado massista Lisandro Bonelli presentó una iniciativa para reglamentar la “instalación y uso” de cercos eléctricos en viviendas de la provincia de Buenos Aires como medida para combatir la inseguridad producto de la inacción del Estado en esta materia
Polémica. Eso es lo que traerá el proyecto del legislador de San Nicolás dentro y afuera de la Legislatura. El Diputado del Frente Renovador, Lisandro Bonelli presentó un proyecto de ley que propone reglamentar la “instalación y uso” de cercos eléctricos en viviendas de la provincia de Buenos Aires como medida para combatir la inseguridad.
La argumentación dada por el diputado radica en “la crisis en materia de seguridad” y en la necesidad de “llenar el vacío legal que hoy existe en la Provincia respecto de la utilización de los cercos eléctricos”.
“Frente a la crisis en materia de seguridad en que se encuentra inmersa la Provincia, gran parte de la ciudadanía siente que los esfuerzos del Estado para combatirla son insuficientes o tardíos”, señala.
“Por ello la sociedad ha comenzado a implementar medidas de seguridad tendientes a proteger su integridad física y la de sus familias y sus bienes. Entre ellas, encontramos la instalación de cercos eléctricos de seguridad perimetral”, agrega.
“La instalación y uso de cercos eléctricos de seguridad para uso privado en la Provincia se regirá por las disposiciones de la presente ley, su reglamentación y las demás disposiciones que emita la autoridad de aplicación”, reza el Artículo 1 de la norma.
Más adelante, en su sexto Artículo, Bonelli establece que “la altura mínima a la que deben estar emplazados los cercos eléctricos de seguridad será de 2,20 metros contados desde el nivel del suelo” y estipula que “la instalación, reparación, mantenimiento y remoción de los cercos eléctricos” solo podrá realizarse por personal habilitado y que las estructuras ya existentes deberán adecuarse a la norma dentro de los 120 días de su reglamentación.
Por último, Bonelli sostiene que “la controversia en torno a este sistema de defensa surge en aquellos casos en los que los propietarios, sin el menor conocimiento acerca de electricidad, conectan por su cuenta, o contratando a un supuesto técnico, un alambrado directamente a la corriente de 220 volt de la red, con el riesgo de causar la muerte que aquello conlleva. Por ello, entendemos que el presente proyecto de ley resulta indispensable”.
Y continúan: “En la esfera del derecho penal, los cercos eléctricos configurarían lo que la doctrina denomina offendiculas, es decir escollos, obstáculos, impedimentos que imponen una resistencia normal, al que intente violar el derecho ajeno”, agrega.
De la reglamentación quedan excluidos “los cercos eléctricos de uso rural (boyeros) y los utilizados en las dependencias de las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales y de las fuerzas armadas acantonadas dentro de los límites de la Provincia”.
