13 de febrero de 2017
JUSTICIA
Fiscal quiere que el hijo de un intendente oficialista dé explicaciones por la filtración de las escuchas de CFK
Se trata de la fiscal federal de Río Gallegos, Patricia Ramallo. Tras la denuncia de la expresidenta para que se averigüe cómo se filtraron las escuchas telefónica entre ella y Oscar Parrilli, la funcionaria de la Justicia pidió que el hijo del intendente de General Lavalle (Cambiemos), Juan Rodríguez Ponte, como Director de Captación de Comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, explique porqué los audios tomaron conocimiento público y mediático.
Un nuevo capítulo en la novela por la filtración de las escuchas de CFK con el extitular de la Agencia Federal de Investigaciones, Oscar Parrilli, se abrió hoy tras que la fiscal santacruceña, Patricia Ramallo, pidiera la indagatoria al hijo del intendente de General Lavalle y Director de Captación de Comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Juan Rodríguez Ponte.
El hecho comenzó cuando la expresidenta denunció la filtración de dichos audios en el Juzgado Federal de Río Gallegos y los catalogó como "una maniobra de carácter criminal".
"Soy yo, Cristina, y los denuncio por espionaje político y persecución", había señalado, incluso en aquel entonces a modo de chicana.
Ayer, Rodríguez Ponte, había asegurado que desde su dependencia no tiene responsabilidad con el hecho pero, aun así, Ramallo exige explicaciones.
Es que la fiscal solicitó como medidas de prueba, que presenten un informe sobre la cadena de custodia de las escuchas, al juez de la Capital Federal, Ariel Lijo, encaragado de ordenarlas y a la Dirección de Captación dependiente de la Corte Suprema de la Nación que está a cargo de Rodríguez Ponte.
Posibles delitos de violación de secretos y de la privacidad, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios públicos y malversación de caudales públicos, son los cargos que se investigan en la causa.
Cabe destacar que las escuchas forman parte de una causa a cargo del juez Ariel Lijo, quien a mediados del 2016 ordenó la intervención del teléfono de Parrilli porque estaba investigado por el encubrimiento del ex prófugo Ibar Pérez Corradi.